En una intensa jornada de alegatos que duró más de 6 horas, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el Presidente de la República Sebastián Piñera.
En este sentido, cabe precisar que esto se logró debido a que se aprobó, por 79 votos a favor y 73 en contra, la cuestión previa argumentada por la parte acusada, que refuta la correspondencia del libelo con los requerimientos constitucionales, acto por el cual se entiende por no presentada la acusación constitucional en contra mandatario
Cabe indicar que esta es la primera acusación contra un mandatario en más de 50 años, que fue presentada el pasado 19 de noviembre por 4 diputados de la ex Nueva Mayoría, 5 del Frente Amplio y uno del FRVS, a quien responsabilizan en las violaciones a los DD.HH. registrada a partir del estallido social.
La extensa sesión, abocada solo a este efecto, comenzó con la exposición de la defensa del Primer Mandatario, Juan Domingo Acosta, quien planteó que en el contexto de especial violencia que rodeó al país y que motivó a Sebastián Piñera a hacer uso de una facultad constitucional, como es declarar el estado de emergencia en Santiago, en primer lugar, y luego en otras regiones del país, «fue una respuesta a la situación grave que ocurría y no como una forma de reprimir el derecho de expresión».
El diputado Saavedra condenó enfáticamente los hechos de violencia y el vandalismo, al tiempo que reivindicó el legitimo derecho a la manifestación pacífica. Estimó que los incumplimientos que apuntó la defensa no solo no son efectivos y evaluó que existe una construcción artificiosa, tendiente a evitar el escrutinio de la Cámara respecto de los actos del Presidente de la República.
El parlamentario reiteró que lo que se está discutiendo es la responsabilidad política que le cabe al mandatario por las graves violaciones a los derechos humanos. “Es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este (…) Se le imputan decisiones conducentes a acciones y omisiones que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible”, planteó.
Por su parte, diputado de la UDI, Gastón Von Mühlenbrock consideró esta acusación como «una oportunidad para desestabilizar este Gobierno” y recalcó que las eventuales vulneraciones a las leyes y protocolos policiales, así como violaciones a los DDHH ocurridos durante el estado de emergencia deben ser abordadas a través de la justicia.
El legislador dio cuenta de las veces en que el Presidente de la República solicitó a las fuerzas armadas y de orden que se respetaran los DDHH de quienes se manifestaban y sostuvo que faltan argumentos para sostener que el Presidente de la Republica comprometió el honor de la nación.
“La acusación deber ser rotundamente rechazada, porque no se ha demostrado que haya actos de su administración que hayan infringido las leyes y la Constitución, como tampoco han sido posible demostrar que se ha comprometido el honor de la nación”, sentenció.
