Vender celulares en la cárcel, parece sacado de una película, pero ocurre tal como sucedió en el Biobío. Gendarmería desarticuló una asociación ilícita integrada por dos funcionarios de la institución y la pareja de un condenado a presidio perpetuo. Estos ingresaban teléfonos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CPP) Biobío vulnerando todas las normas existentes.
Tras ser grabados y capturados en sus acciones, los tres sujetos quedaron en prisión preventiva. Lo anterior, luego de ser formalizados por cohecho al participar de la venta de los dispositivos móviles y el transporte de dinero al interior del recinto.
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La investigación fue encabezada por la fiscal antinarcóticos Carla Hernández y el fiscal de anticorrupción, José Aravena, ambos de Concepción. Junto con ello, se realizaron las diligencias por parte del Departamento de Investigación Criminal (DICRIM) de Gendarmería de Chile. En el proceso, se logró la detención dos suboficiales mayores de sus filas.
Las pesquisas permitieron detectar que desde, al menos, junio último, los funcionarios imputados Francisco Montecinos y Mauricio Benítez, recibieron de parte de Roxana Castro diversas remesas de dinero en efectivo. Estas superaban con creces los $5 millones, para que fueran ingresados al recinto penal.
El modus operandi
Todas las transacciones eran coordinadas desde el interior de la cárcel por Alexis Mora. El delincuente, se encuentra en el módulo 43 cumpliendo una pena de presidio perpetuo calificado por femicidio.
Mora daba instrucciones a su actual pareja, Roxana Castro. Ello, para que se reuniera en la vía pública o en su propia casa con los gendarmes para entregarles dinero en efectivo, celulares y otros artículos que están prohibidos en los recintos penales del país.
A su vez, los suboficiales mayores Montecinos y Benítez, se coordinaban con Alexis Mora para planificar las entregas en el CCP Biobío, recibiendo, en promedio, $100 mil por cada transacción.
Los funcionarios públicos y Roxana Castro fueron formalizados por cohecho reiterado. Mientras que a Alexis Mora se le formularán los mismos cargos en una audiencia programada para septiembre próximo.
El director regional de Gendarmería, Diter Villarroel, condenó la conducta de los funcionarios implicados, cuyas acciones ilícitas fueron descubiertas por el Departamento de Investigación Criminal de la institución.
Los fiscales Carla Hernández y José Aravena, destacaron la labor efectuada por los agentes de la DICRIM, que permitieron reunir las evidencias para desarticular a la banda delictual.
El Juzgado de Garantía dio un plazo de 120 días a la Fiscalía para que culmine la investigación.
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