La guerra entre el municipio y los casinos populares se encuentra al rojo vivo, luego que el pasado 28 de octubre el organismo público dictaminara la clausura de estos recintos.
Sin embargo, tal como informó la municipalidad, algunos de estos recintos decidieron transgredir la ley, sacar los sellos de clausura y seguir funcionando en total impunidad.
Por esta razón, se ingresó la acción judicial acusando un ejercicio ilícito del comercio relacionado con juegos de azar y por la rotura de estos sellos que les impedían funcionar.
Cabe indicar que este rubro ha estado permanentemente cuestionado, primero por su funcionamiento en el límite de la ley, como también por los dichos de la propia Superintendencia de Casinos de Juegos, que ha expresado que el lavado de activos en este tipo de locales resulta muy fácil, dejando abierta la puerta para el negocio del tráfico de drogas y otros delitos que podrían ocurrir en sus operaciones.
