Ex Delegado Presidencial Provincial | El Contraste

Un informe policial confidencial que supuestamente revelaba nexos cuestionables habría sido una de las principales “razones personales” que llevaron a Alejandro Jerez a renunciar al cargo de Delegado Provincial de Biobío. El kinesiólogo, destacado miembro del Partido Socialista en la zona, había asumido el cargo menos de 24 horas antes. Su abrupta salida desató polémica e incertidumbre en la Región del Biobío.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el militante socialista presentó su renuncia tras recibir una solicitud desde el Ministerio del Interior. La notificación llegó vía telefónica alrededor de las 20:00 horas, según fuentes cercanas al proceso.

Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes a los que tuvo acceso el medio SABES, la decisión estaría vinculada a un informe de inteligencia de Carabineros que señala supuestas incompatibilidades de Jerez con el cargo. Según trascendió, el documento lo menciona como organizador de reuniones con grupos violentistas en la zona del Alto Biobío, lo que habría generado cuestionamientos en su perfil.

Desde el Gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, negó estas versiones y aclaró que la salida de Jerez «tiene que ver con temas personales suyos, que en atención a ello presentó la renuncia y el Gobierno la ha aceptado. Todo lo demás es falta de información o producto de especulaciones». Tohá agregó que “no tiene que ver con una situación de que los antecedentes no estén bien revisados, sino que con una situación sobreviviente que lo afecta y lo hizo renunciar”.

El caso de Jerez ha causado molestia en el Partido Socialista, que recordó situaciones similares en el pasado. En marzo, Gonzalo Soto fue removido como seremi de Justicia el mismo día de su nombramiento tras la aparición de publicaciones misóginas en sus redes sociales.

Asimismo, la semana pasada, el Gobierno retiró el nombramiento de Alfonso Sagredo como delegado provincial de Malleco antes de que asumiera. Estos episodios han abierto un debate sobre los criterios de selección y la revisión de antecedentes en los nombramientos políticos.