El Ministerio de Salud (Minsal) ha revelado cifras alarmantes respecto al aumento de pacientes fallecidos mientras esperaban atención médica durante el año 2022, lo que pone en jaque el tema actual en el país.
Según el informe, más de 44 mil personas perdieron la vida estando en listas de espera, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el año anterior.
Del total de fallecidos, 38,564 pacientes esperaban por una atención especializada o una cirugía que no estaba contemplada en el plan AUGE. Adicionalmente, 5,437 personas perdieron la vida mientras aguardaban un tratamiento bajo la Garantía Explícita de Salud (GES), un programa legal que garantiza tiempos máximos de atención.
Estas cifras revelan un aumento significativo en comparación con 2021, con 3,996 pacientes más que murieron mientras esperaban atención médica.
El académico Manuel Inostroza, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, destacó que 2022 registró la cifra más alta de fallecimientos en listas de espera de los últimos años. Desde el año 2016, las muertes en estas circunstancias han aumentado en un 165%, totalizando 161,158 personas en cinco años, de las cuales 13,992 corresponden a casos bajo el programa GES.
Actualmente, más de 2.6 millones de personas esperan por cirugías o consultas por especialidad, y el sistema de salud establece que los pacientes deben ser priorizados según la gravedad de la patología.
Estas revelaciones llegan a la luz pocos días después de que se hiciera público un reportaje de El Mercurio, indicando que funcionarios del Hospital Sótero del Río estaban saltando las listas de espera para atender a sus familiares y al personal del hospital.
Según un informe de la Contraloría, se realizaron 100 cirugías en “tiempo récord” sin respetar las listas de espera, siendo 62 de estas cirugías a pacientes relacionados con personal del hospital y 38 a miembros del propio personal, sin justificación aparente.
Este preocupante panorama plantea la urgencia de abordar las deficiencias en el sistema de salud y la necesidad de garantizar un acceso oportuno y equitativo a la atención médica para todos los ciudadanos.
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