El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción emitió hoy un fallo unánime condenando a Rafael Rodrigo González Tapia a una pena de 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva por el mismo lapso. El exjefe de la Dirección de Administración de Salud Municipal de Penco fue hallado culpable como autor del delito consumado de abuso sexual a una funcionaria mayor de 14 años, cometido en junio de 2020 en las dependencias de la Municipalidad de Penco.
Según las conclusiones del tribunal, presidido por la magistrada Michel Bascur Postel y el magistrado Rogelio Inostroza Rivera, González Tapia llamó a la víctima, su secretaria, a su oficina alrededor de las 13 horas del 8 de junio de 2020. En ese lugar, ejecutó actos de significación y relevancia sexual, consistentes en tocamientos indebidos sobre y bajo la ropa. La víctima logró zafarse y escapar del despacho tras forcejear con el agresor.
Además de la pena de prisión, se impusieron a González Tapia diversas accesorias legales, como la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, la prohibición de acercarse a la víctima y la obligatoriedad de cumplir con un programa de educación sexual.
Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de González Tapia para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
Exjefe de Salud Comunal de Penco tenía un comportamiento previo
En la determinación de la pena, el tribunal tuvo en cuenta el comportamiento previo del acusado hacia algunas de sus funcionarias, que excedía la interacción laboral y generaba incomodidad. Este patrón de conducta fue considerado como un antecedente que contextualiza los actos de connotación sexual denunciados.
El tribunal también destacó la gravedad de las consecuencias sufridas por la víctima, mencionando testimonios que describían el miedo, ansiedad e incertidumbre experimentados después del abuso. La pena fue impuesta en el máximo permitido por la ley, considerando la grave alteración en el desarrollo vital de la víctima.
Con esta sentencia, el caso cierra una etapa judicial, pero las secuelas del abuso sufrido por la víctima se mantendrán presentes, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral.
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