El Gobierno ha anunciado el traslado de 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío. Una medida que ha generado un fuerte rechazo por parte de parlamentarias y funcionarios penitenciarios, quienes advierten sobre el impacto en la seguridad y estabilidad del sistema carcelario de la región.
Esta situación se ha visto clara en diferentes puntos, donde incluso, Gendarmería se encuentra en alerta ante esto, considerando si tiene o no la capacidad para poder tener este aumento de internos. Sumado al peligro que podría existir entre bandas o grupos que mantienen un control en este recinto penitenciario de la región.
La decisión, tomada en medio de la crisis penitenciaria que afecta al país, busca descongestionar los recintos de la Región Metropolitana. Sin embargo, las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente) han manifestado su preocupación por la falta de planificación y el riesgo que representa este traslado para la seguridad del penal El Manzano y sus alrededores.
Según la diputada Pérez, esta medida es una “irresponsabilidad” que pone en riesgo tanto a internos como a funcionarios. “No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados sin considerar el impacto local. La crisis carcelaria es un problema país, pero Biobío no puede ser tratado como el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana”, enfatizó.
Un problema en la seguridad del penal Biobío
En la misma línea, Medina advirtió que esta decisión compromete la seguridad del penal y podría generar conflictos internos. “La cárcel de El Manzano ya opera en condiciones críticas. Recibir más reos solo aumentará la conflictividad dentro del recinto y empeorará las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios”, señaló.
Además, las parlamentarias recordaron que la sobrecarga en los penales puede derivar en episodios de violencia, citando como antecedente el hallazgo de un interno degollado en su celda meses atrás. “Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar un colapso y posibles motines”, advirtió Medina. Agregando que exigirá la salida de las autoridades responsables si no se revierte la decisión. Más aún, cuando en el Biobío, el tema de seguridad es algo que tiene un problema mayor con las bandas y delincuentes peligrosos.
Pese a las críticas, el Ministerio de Justicia ha defendido la medida, asegurando que forma parte de un plan de redistribución carcelaria y que la cárcel de El Manzano está siendo ampliada para recibir a estos internos. No obstante, las parlamentarias consideran que estas acciones son insuficientes y demandan un enfoque integral que garantice tanto la seguridad de los internos como la estabilidad del sistema penitenciario.
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