Luego de los datos dados a conocer por la Contraloría de La República, sobre las licencias médicas y el fraude ocasionado por miles de funcionarios públicos, ha llevado a buscar una solución ante esto. Más aún, cuando existen casos de ciudades donde los usuarios, como en la salud, han sido los más afectados al no obtener la atención requerida.
Es por esto, que se presentó un proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de Funcionarios Públicos sancionados por Causales de Fraude al Fisco. Este registro tiene como objetivo compilar un listado de aquellos funcionarios que hayan renunciado, desvinculados o sancionados por conductas que constituyan fraude. Con la finalidad de establecer así una inhabilidad absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos en la administración del Estado para quienes incurran en tales actos.
La iniciativa, liderada por la parlamentaria Karen Medina (Indep-DC), surge tras el mal uso de licencias médicas, donde se informaron irregularidades que han afectado la confianza pública en las instituciones. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer que se han iniciado sumarios administrativos en 12,500 casos dentro de la administración central, lo que representa aproximadamente a 8,000 funcionarios involucrados. Las investigaciones se centran en aquellos que habrían utilizado licencias médicas de manera indebida para realizar viajes al extranjero.
Una creación por las licencias médicas
“La creación de este Registro Nacional de Funcionarios Públicos Sancionados por Fraude al Fisco es un paso significativo hacia la mejora de la administración pública y la recuperación de la confianza ciudadana”, explicó Medina. Agregando que “esta medida no solo busca sancionar, sino también prevenir futuros abusos, garantizando que quienes ocupan cargos públicos actúen con responsabilidad y ética”.
A lo anterior, la parlamentaria detalló que “hay que erradicar la corrupción y tener sanciones ejemplares, es inaceptable que funcionarios públicos que deben estar comprometidos con el bienestar del país, incurran en estas conductas que implica un gasto excesivo para el Estado que debe pagar estas licencias, es plata de todos los chilenos”.
Además se hizo un llamado al resto de los legisladores para respaldar esta iniciativa que busca dignificar y restaurar la confianza en la función pública, asegurando que el Estado esté libre de prácticas deshonestas que afectan el funcionamiento de las instituciones.
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