El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró: «Se han levantado muchas hipótesis, el Gobierno se hace cargo de todas», al confirmarse el secuestro del refugiado político venezolano, Ronald Ojeda.
Recordemos que la madrugada del miércoles 21, cuatro individuos haciéndose pasar por agentes de la PDI irrumpieron en la residencia de Ojeda y lo secuestraron. Las especulaciones sobre los responsables son variadas, aunque la única certeza es el momento y el modo del suceso.
Los opositores venezolanos al régimen de Nicolás Maduro señalan directamente a él y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como los posibles autores. Hace menos de un mes, el nombre de Ojeda figuró por tercera vez en una lista de miembros de las Fuerzas Armadas expulsados y degradados por traición a la patria y terrorismo.
Esta teoría cuenta con el respaldo de diversos activistas, ex prisioneros políticos, exiliados y abogados defensores de los derechos humanos. El representante en Chile del partido «Vente Venezuela», afín a María Corina Machado, principal opositora de Maduro, respaldó esta hipótesis, describiendo el suceso como «una operación de extracción del régimen de Nicolás Maduro aquí en Chile», llevada a cabo por un grupo especializado entrenado para violar soberanías y detener a personas requeridas por el régimen.
Otra hipótesis planteada es la sugerida por Iván Simonovis, ex comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia venezolano y asesor de Juan Guaidó, quien sugiere que el régimen de Maduro podría haber subcontratado a una banda de crimen organizado, como el caso del Tren de Aragua, para llevar a cabo el secuestro. Según Simonovis, esta acción permitiría al gobierno venezolano deslindarse de responsabilidades.
Una tercera posibilidad que se está considerando es que el secuestro esté vinculado a una banda de crimen organizado, dada la complejidad con la que los perpetradores lograron ingresar al edificio disfrazados de agentes de la PDI. Esto sugiere que Ojeda, quien cambiaba frecuentemente de domicilio y números de teléfono, posiblemente se sentía perseguido y era una presa valiosa para el crimen organizado.
Ante esta situación, el Gobierno ha solicitado refuerzos en los controles fronterizos y ha emitido una alerta a Interpol. La PDI advierte que existe la posibilidad de que el ex militar sea sacado del país por un paso fronterizo, legal o ilegal.
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