El polémico «Caso Convenios» continúa agitando la política chilena y generando tensiones entre la fundación Democracia Viva y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Recientemente, se reveló que la mencionada fundación no dispone de los $391 millones de pesos solicitados por el Ministerio de Vivienda para su reintegro, sino que solo cuenta con $294 millones, una diferencia de $97 millones.
El conflicto se originó cuando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuestionó tres recursos presentados por Democracia Viva ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, en respuesta a la petición de no reintegrar, por el momento, los $391 millones que la entidad debía devolver. Estos recursos están relacionados con tres convenios suscritos en 2022 entre la fundación y el Ministerio de Vivienda, alcanzando un total de $426 millones.
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El presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade, ha argumentado que las rendiciones de febrero en adelante no fueron consideradas, lo que llevó a la Seremi a solicitar una suma mayor de la que debían devolver. Además, Andrade denunció que se vulneraron principios de justicia contractual y la igualdad ante la ley, solicitando un proceso administrativo adecuado para resolver la controversia.
En respuesta a las acusaciones, la fundación ha asegurado que no se niega a devolver el dinero, sino que están en proceso administrativo para determinar el monto preciso que deben reintegrar. Aseguran que, según sus cálculos, el monto a devolver sería de $294.384.230, lo cual es respaldado por la cartola de una cuenta corriente en Banco Estado que muestra un saldo de $294.957.312, es decir, $97 millones menos de lo requerido por la Seremi.
Este escándalo ha remecido la política chilena y ha llevado a que las investigaciones se extiendan a lo largo de 9 regiones, involucrando a diferentes fundaciones.
El foco de la indagatoria recae en un posible fraude al fisco relacionado con los traspasos autorizados por el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, a la fundación liderada por Andrade, mientras ambos militaban en Revolución Democrática (RD) y tenían cercanía con la diputada Catalina Pérez. Cabe destacar que Pérez fue suspendida en su militancia por RD, mientras que Andrade y Contreras fueron expulsados del partido, profundizando aún más la crisis política generada por este caso.
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