Este viernes la Delegada Presidencial Paulina Purrán recibió a los dueños de camiones siniestrados durante esta semana, víctimas del atentado en Mulchén, quienes son vecinos de Santa Bárbara. Los afectados llegaron a la cita con el alcalde de su comuna Daniel Salamanca.

Ya el miércoles en la mañana, tras el atentado, la misma Delegada con su equipo hicieron el catastro de los trabajadores afectados para incluirlos en un programa de apoyo del Ministerio del Interior. Esta vez también se sumó a los dueños de las maquinarias para continuar el proceso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Paulina Purrán comentó tras la reunió que «como Delegación estamos prestando la asistencia necesaria para ir en apoyo de los dueños de los vehículos y con sus trabajadores. Y estos son acuerdos que se vienen realizando desde el primero de mayo con los representantes de los gremios».

«Estamos poniendo todas las herramientas necesarias sobre la mesa para ayudar a las personas afectadas como a sus familias. Con todos nuestros servicios correspondientes y los funcionarios disponibles», remarcó la máxima autoridad provincial.

Alcalde de Santa Bárbara: «Ellos quedaron con los brazos cruzados porque son pequeños empresarios»

El alcalde de la comuna de Santa Bárbara, Daniel Salamanca de Santa Barbara, se refirió a los graves hechos, debido a que los trabajadores y pymes son de su comuna. «La verdad es que nosotros hemos hecho un proceso de acompañamiento a todos los empresarios que resultaron afectados de la comuna de Santa Bárbara con este atentado incendiario que ocurrió días pasados. Esto no solo afectó al empresario, si no que también a los conductores de los 5 camiones quemados. Detrás de ellos está la familia, la parte humana. Realmente era una situación muy penosa llegar al lugar y ver los vehículos quemados».

«Hoy día abogamos un poco porque el estado de Chile, a través del Gobierno actual, pueda acelerar los procesos de búsqueda de las personas que son los que hicieron los atentados», aseveró.

Junto con ello, pidió ayudas económicas para las víctimas. «Ellos quedaron con los brazos cruzados, quedan con deudas en los bancos porque están pagando esos camiones. No eran grandes empresarios si no pequeños y hay un tema psicológico de fondo», aseguró.

Frente a lo anterior, le pidió a la Delegada Presidencial la instalación de una oficina de violencia rural como la que existe en Cañete. «La Delegada Presidencial, se ha hecho parte y ha hecho un compromiso con los empresarios para hacerles un proceso de acompañamiento».

Finalmente, Raúl Palma, dueño de los camiones, sostuvo que «la Delegada se comprometió a ayudarnos en todo lo que va a ser el trámite de aquí en adelante. Estamos muy conformes para ver si me va bien».

«Mis compañeros están shockeados, los conductores más porque ellos vivieron en carne propia todo lo ocurrido y esperar ayuda psicológica para ellos», cerró.

Síguenos en nuestras redes sociales: FacebookInstagramTwitter