Durante la mañana de este lunes, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará un proyecto de ley para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos.
Esta actividad estuvo enmarcada en la conmemoración del Día de la Mujer , y el mandatario estuvo acompañado de la ministra Mónica Zalaquett, quien remarcó que uno de los principales objetivos del Gobierno es eliminar la violencia de género.
Sobre lo que será el proyecto en sí, Piñera remarcó que «en esta materia la verdad es cruda y dura. En Chile el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y, de estas mujeres, dos tercios no recibe ninguna pensión de alimentos por parte del padre».
Por lo mismo, detalló que la iniciativa «tiene como objetivo central facilitar el pago de estas pensiones de alimentos y hacerle muy difícil la vida a los padres que quieran seguir evadiendo estas obligaciones».
De esta forma, serán varias las consecuencias que tendrán en su diario vivir. La primera de ellas será la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento; este registro incluirá a aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas.
También establece una serie de obligaciones para instituciones públicas y privadas que frente al otorgamiento de ciertas prestaciones tendrán obligación de consultar el Registro. Como por ejemplo, que al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF , la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda.
Esto también ocurrirá durante el proceso de devolución de impuestos. ya que la Tesorería también retendrá parte de lo que se adeude. Tampoco se les otorgarán licencias de conducir ni pasaportes y se retendrán parte de las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas.
El proyecto también estipula que si el deudor vende un inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se les acredite que las ganancias pagarán los alimentos.
También habrá retención de beneficios sociales por parte de órganos de la Administración del Estado y corporaciones municipales y regionales, en los casos que así lo establezcan las bases concursales.
