Dr. Jorge Astudillo Muñoz
Académico de la Facultad de Derecho
UNAB Sede Viña del Mar.
Existen acontecimientos que marcan a fuego la historia de los pueblos. El 11 de septiembre de 1973 es uno de esos hechos. Se trata de un episodio esencial para entender nuestra historia reciente. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido medio siglo del abrupto fin del Gobierno de Salvador Allende por medio de un golpe de Estado orquestado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, las posiciones y los corazones de los chilenos siguen divididos respecto de ese hecho histórico.
La naturaleza misma de la intervención militar del 73 y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo con posterioridad y la instalación de una dictadura militar por 17 años, explican esta profunda división. Pero tampoco debemos ignorar que la sociedad chilena se encuentra atravesando por un profundo clima de polarización política, especialmente desde el mes de octubre de 2019, lo que contribuye a conservar y mantenerse en esas trincheras ideológicas donde al que piensa distinto no se le considera un adversario sino un enemigo. Lamentablemente este ambiente polarizado es creado e incentivado desde las plataformas políticas ocupadas por aquellos que deberían trabajar para tender puentes que permitan el reencuentro entre chilenos.
Después de 50 años hay lecciones que nunca deberíamos olvidar ni menos ignorar: la dignidad humana y los derechos que de ella emanan son inviolables y su respeto debe ser irrestricto y solo en el marco de una democracia se puede tratar de garantizar el mayor cumplimiento posible de esta máxima.
Por lo mismo, si bien, con toda seguridad, no será posible lograr un consenso respecto de las causas que condujeron al golpe de Estado, su procedencia y lograr una condena absoluta a la violación de derechos humanos acaecida con ocasión del mismo, es deseable buscar el mayor acuerdo posible en virtud del cual se descarte y repudie la implementación en Chile de ideologías que propugnen la violencia como medio legítimo de acción política, así como las justificaciones a sistemas autocráticos (sean de izquierda o derecha). También debería existir un gran acuerdo en la declaración de la democracia como un valor irrenunciable y el pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos como un compromiso fundamental que se constituya como uno de los soportes básicos de nuestra organización política y social.
Finalmente, no se puede desconocer que existen distintas visiones, no solo sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y los días, meses y años que le siguieron, sino del contexto histórico de los años 70`, los mil días del gobierno de la Unidad Popular, la legitimidad democrática de ejercicio del Gobierno de Allende. Desde este punto de vista, considero que la violación a los derechos humanos aprovechando el control del aparato represivo del Estado no puede tener ninguna justificación, ni política, ni jurídica ni moral. También entiendo como una finalidad del todo válida la persecución de las responsabilidades que correspondan atendida la gravedad de estos delitos. Asimismo, no se debe renunciar a la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, ya que ello es un acto de justicia y humanidad. Sin embargo, tampoco es aceptable el intento de ciertos sectores de querer imponer una verdad única y oficial respecto del contexto político en el que se generó el golpe militar.
Mucho se habla de reconciliación y reencuentro, pero ello solo será un mero deseo, si quienes desde sus correspondientes veredas políticas no tienen ni la capacidad ni menos la intención de hacer juicios críticos respecto de los distintos factores que desembocaron en el quiebre de nuestra democracia, ya que esta reflexión es imprescindible para comprometernos a una real garantía de no repetición, no solo expresada formalmente en un texto jurídico sino arraigada en la conciencia de Chile.
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