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La movilización nacional de funcionarios de Gendarmería ha escalado este miércoles, afectando las operaciones penitenciarias en todo el país. La protesta, impulsada por el Frente de Trabajadores Penitenciarios, busca mejoras en las condiciones laborales y un sistema de ascensos más equitativo, tras considerar “insuficiente” la propuesta del Gobierno presentada el martes pasado.

“Hacemos un llamado a las autoridades a que se hagan responsables de la crisis penitenciaria”, expresó el Frente en un comunicado, subrayando la gravedad de la situación. Por su parte, Gendarmería de Chile aseguró mantener “una política de puertas abiertas hacia el personal” y estar dispuesta a seguir dialogando para encontrar soluciones.

Directrices en las cárceles del país en Gendarmería

Ante la falta de acuerdos, los funcionarios han implementado medidas que impactan directamente las operaciones diarias en las unidades penales y especiales:

  • Control de accesos: Se tomaron los ingresos principales de los recintos penitenciarios.
  • Restricción de traslados: Se suspendieron las salidas de carros fiscales con imputados hacia audiencias judiciales, permitiendo únicamente traslados por urgencias médicas.
  • Seguridad perimetral: Se reforzó la cobertura en el muro de circunvalación y las áreas más sensibles de los recintos.
  • Demoras en las rutinas: El desencierro de la población penal y el inicio de visitas y encomiendas comenzaron más tarde de lo habitual, ajustándose a la presencia del personal en sus puestos.

Una de las principales consecuencias de estas medidas ha sido la paralización de traslados de internos a tribunales, lo que ha generado suspensiones de audiencias y retrasos en procesos judiciales. Abogados y familiares de los afectados han expresado su preocupación por las implicancias legales y humanas de esta situación.

Escalada en la crisis penitenciaria

El conflicto evidencia tensiones de larga data dentro del sistema penitenciario chileno. Los funcionarios exigen una respuesta concreta y efectiva del Gobierno, mientras las autoridades buscan equilibrar las demandas laborales con el funcionamiento del sistema.

La movilización continúa sin una solución a la vista, mientras crece la incertidumbre sobre los próximos pasos de ambas partes.

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