En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol ha condenado a M.A.S.B., de 35 años de edad, a más de 20 años de cárcel por el robo de una camioneta en Mulchén y la posterior violación de su suegra en Angol. Los hechos, que ocurrieron en mayo de 2022 en la comuna de Renaico, han dejado consternada a la sociedad.
Según los antecedentes presentados durante el juicio, aproximadamente a las seis de la mañana del 22 de mayo de 2022, M.A.S.B., conduciendo una camioneta marca Nissan previamente sustraída en la comuna de Mulchén, se dirigió al domicilio de su suegra, una mujer de 75 años de edad, ubicado en la villa Tijeral de la comuna de Renaico. Una vez dentro de la casa, M.A.S.B. agredió a la víctima y la llevó al dormitorio de la vivienda, donde perpetró la violación utilizando la fuerza para someterla y consumar la agresión sexual.
Tras el juicio, el tribunal, integrado por los magistrados Fernando Pacheco Herrera (presidente), Loreto Morales Rey y Francisco Boero Villagrán (redactor), dictaminó la condena de M.A.S.B. a 20 años de presidio efectivo por el delito consumado de violación. Además de la pena de cárcel, se impusieron accesorias legales, entre las que se encuentran la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, la privación de derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares. Asimismo, se estableció la medida de protección que prohíbe a M.A.S.B. acercarse a la víctima, visitar su domicilio o lugar de trabajo durante el tiempo que dure su condena.
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Además de la condena por violación, M.A.S.B. fue sentenciado a 4 años de presidio efectivo por el delito consumado de receptación de vehículo motorizado, debido a que utilizó una camioneta robada para cometer su crimen. También se le impuso la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de $513.592.
En relación al delito de violación violenta de morada, el tribunal determinó una pena de 2 años de reclusión, junto con la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ha ordenado la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporarla en el registro nacional de ADN de condenados.
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