Estuvo 8 meses preso y era inocente: Cuestionan peritajes y pruebas presentadas por la Fiscalía
Fue por una denuncia anónima, en el 2020, que se inició una investigación contra los dueños de una cadena de restaurantes de comida tailandesa, que por «error» de fiscalía, tuvo a uno de ellos 8 meses preso.
Y, tras un largo proceso judicial, fueron absueltos los dos socios de los restaurantes “Lai Thai». Quienes eran acusados del delito de tráfico de migrantes y trata de personas.
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La justicia determinó que estos hechos nunca pudieron ser probados, por lo que cuestionaron los peritajes y las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público.
Desde el Ministerio Público se apuntaba a que los detenidos, el chileno Cristóbal Cox y el tailandés Jirawat Nantalankha, traían personas provenientes de Tailandia de manera irregular, para trabajar ilegalmente en nuestro país. Que le valió, a uno de ellos, pasar 8 meses en prisión.
Según consigna La Tercera, durante este tiempo su medida cautelar se cambió por arresto domiciliario, en dos ocasiones. Aunque las dos veces la decisión se revirtió, por la Corte de Apelaciones de Santiago, a petición del Ministerio Público. Teniendo que regresar nuevamente a la cárcel.
En tanto, Cristóbal Cox, pasó casi todo el proceso bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.
La acusación sin pruebas de la Fiscalía
Tras declarar la absolución de los dos imputados, el pasado jueves 7 de abril. La justicia aprovechó la instancia para emitir duras críticas a la investigación realizada por el Ministerio Público, consigna el medio.
El veredicto de las magistradas incluyó una crítica directa a la investigación que llevó adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Acusando «casos de testimonios y peritajes incompletos, imprecisos, e incluso contradictorios».
A lo anterior, se suma la falta de pruebas en las imputaciones. Ya que en el caso, se les acusó a los imputados de hacer que las personas declararan que venían de vacaciones a ver a un conocido, y no a trabajar. Que era realmente el objetivo de los tailandeses.
Sin embargo, desde el año 2013, entre Chile y Tailandia existe un tratado que permite, entre otras cosas, que sus ciudadanos puedan viajar sin solicitar una visa.
Por lo tanto, la defensa de los imputados explicaron que esta situación se daba porque las personas que llegaban no hablaban español. Por lo que solo mostraban su pasaporte, se les timbraba y entraban como turistas.
“Uno espera que el Ministerio Público tenga, también, la capacidad de desechar una investigación, cuando el antecedente originalmente pensado que existían termina siendo desvirtuado”. Sostuvo el abogado defensor Bonacic.
Del mismo modo, agregó que la Fiscalía no cesó en su investigación, sino más bien “adaptó las imputaciones” durante el transcurso del proceso.
Dado lo anterior, la falta de pruebas e irregularidades en el desarrollo del juicio, y las acusaciones del Ministerio Público. Ahora, el Estado arriesga una demanda y el pago de los costos legales del juicio.
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