La Corte Suprema acogió la demanda de un hombre que perdió la visión de su ojo derecho por culpa de un balín de goma disparado por Carabineros.
Tras lo anterior, el máximo tribunal del país ordenó al Fisco pagar una indemnización de $95 millones al afectado, por los hechos ocurridos en marzo de 2012 en Aysén durante una manifestación.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció responsabilidad del Estado por la falta de servicio con que actuó Carabineros en el restablecimiento del orden público aquel 15 de marzo, resultando herido Marcelo Hernández Céspedes.
«Que, si bien en los casos justificados y que sea necesario, Carabineros de Chile está autorizado por nuestro ordenamiento jurídico para hacer uso de la fuerza, la institución resulta responsable cuando ese uso no resulta adecuado a los fines buscados -el restablecimiento del orden público- o cuando de su actuar derivan consecuencias alejadas de dicho fin, que pudieron ser evitadas por la institución», plantea el fallo.
Con todo, la sentencia de la Corte Suprema sienta un precedente respecto de las responsabilidades por el actuar de las fuerzas durante manifestaciones.
