La PSU (Prueba de Selección Universitaria), como su nombre lo indica, no es un instrumento que mida la calidad educativa de nuestro sistema educacional y solo está destinada a seleccionar a uno de cada cuatro estudiantes que están en condiciones de rendirla y abrirles las puertas para su ingreso a la universidad.
Ese 25 % del universo de estudiantes que selecciona la PSU, proviene mayoritariamente de establecimientos privados. Un estudio realizado por el diario El Mercurio detectó que el 60% de los estudiantes de Medicina e Ingeniería Civil egresaron de colegios privados que atienden solo el 9% de toda la población escolar nacional y que componen cerca del 20% de la matrícula universitaria.
La PSU, que comenzó a rendirse en el año 2003 como una prueba transitoria en reemplazo de la fallida prueba SIES (Sistema de Ingreso a la Educación Superior) que se usaría en reemplazo de la PAA (Prueba de Aptitud Académica), ha sido criticada por los estudiantes, también por diversos especialistas, por ser una barrera para el ingreso a la educación superior de los sectores estudiantiles más carenciados que provienen especialmente de la educación pública.
«La PSU actúa entonces como un factor de selección y segregación para mantener una especie de determinismo social y económico a través de la educación, educación cuyo objetivo como derecho humano es exactamente alcanzar lo contrario».
Dado el rechazo que producía este instrumento de selección entre los estudiantes se solicitó a la consultora internacional Pearson un estudio sobre la PSU la que, en su informe del año 2013, identificó 90 fallas en el instrumento de selección en donde destacan la inequidad del sistema educativo chileno y el impacto que tiene en los resultados la brecha socioeconómica de los estudiantes.
En su informe los expertos hicieron 124 recomendaciones para mejorarla. Si bien dicho informe fue aprobado tanto por el Ministerio de Educación como por el Consejo de Rectores de las universidades, coincidiendo ambos en la necesidad de mejorar la prueba los cambios que se han realizado han sido más de forma que de fondo de modo que la PSU tal como está diseñada resulta ser un mecanismo de perpetuación de un orden social que debe ser garantizado para un sector determinado de la sociedad ya que la clase social determina las oportunidades educacionales de una persona la que no se define solo por factores económicos, también influyen posiciones ideológicas y creencias religiosas; similares hábitos sociales, profesiones o actividades que los reúnen, gustos que los identifican, lugares donde se vive y una cierta vida en común.
La PSU actúa entonces como un factor de selección y segregación para mantener una especie de determinismo social y económico a través de la educación, educación cuyo objetivo como derecho humano es exactamente alcanzar lo contrario, ser una opción para todos donde los estudiantes que, con su esfuerzo personal, su dedicación y responsabilidad se fijen los límites que quieran alcanzar.
Si bien la PSU puede predecir del desempeño futuro de los estudiantes en la universidad, deja fuera de esa posibilidad a miles de estudiantes talentosos que no tuvieron la oportunidad de rendirla en igualdad de condiciones, ya sea por falencias propias de la prueba, la deficiente formación previa de los estudiantes, así como la incapacidad de las instituciones universitarias de dar opciones a un mayor número de postulantes.
Siendo la deficiente e inequitativa educación chilena un problema de carácter nacional y sistémico, la PSU se constituye en la aduana para ingresar a la educación superior que detiene a los menos preparados y no por decisión propia sino que por las carencias del propio sistema. La PSU selecciona a los alumnos que provienen de un sistema educativo desigual y segregado sin considerar las condiciones y calidad en que cada tipo de educación fuera entregado.
Quienes piden eliminar la PSU como instrumento de selección universitaria tienen razones de sobra para solicitarlo. Sin embargo los motivos, el procedimiento para lograrlo, como ocurrió con la reciente PSU, boicoteando o impidiendo su rendición para cientos de miles de personas, es una forma de violencia contra los mismos a quienes se quiere beneficiar y atenta contra la libertad de aquellos que, aun no estando de acuerdo con la prueba, estaban dispuestos a rendirla con la esperanza de ingresar a la universidad como el legítimo sueño personal y familiar.
Los caminos para eliminar la PSU son otros y más democráticos, respetuosos de los derechos de todos y deben ser también los que se utilicen para mejorar las injusticias e inequidades de la educación chilena desde la etapa preescolar hasta la superior.
Alejandro Mege Valdebenito
Universidad La República. Los Ángeles.
