Presentan moción para que el «negacionismo» de la dictadura sea penado hasta con 5 años de cárcel
Este martes, los senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana, presentaron una moción con la cual buscan modificar el Código Penal con el objetivo de prevenir y sancionar hechos negacionistas como la negación, justificación o minimización de delitos de lesa humanidad, o bien la aprobación, hacer apología o glorificar de los mismo, especialmente los perpetrados durante el periodo de la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Octubre de 1990.
Según se indicó, lo que se propone es castigar con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio – es decir hasta 3 años de reclusión y multa de diez hasta veinte unidades tributarias mensuales – hasta $992.460 – al que públicamente negare, justificare o minimizare los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile en el período antes descrito, cometidos por agentes del estado en calidad de funcionarios públicos o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público.
La pena se aumentará en un grado y las multas se impondrán en su grado máximo, en los casos en que la acción de negar, justificar o minimizar sea hecha de manera de deshonrar o menospreciar a las víctimas de dichas violaciones o sus familiares, pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez.
Luego, se establece presidio menor en su grado medio a máximo – hasta 5 años – y multa de veinte hasta cuarenta unidades tributarias mensuales – hasta $1.984.920 – al que públicamente apruebe, haga apología o glorificare los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile en el mismo período.
Asimismo se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo – hasta 540 días – y multa de cinco hasta diez unidades tributarias mensuales – hasta $496.230 – al que públicamente incitare a la violencia física contra personas que hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad en cualquier tiempo.
Ahora, el proyecto será analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
