El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, solicitó a las instituciones del sistema penal mejorar la calidad y profundidad de la información de las detenciones policiales, en especial las que no llegan a los juzgados de Garantía, y ponerla a disposición de la ciudadanía de manera oportuna.
La autoridad judicial planteó esta necesidad en la reunión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional del Sistema Penal que sesionó el miércoles en el Ministerio de Justicia. La iniciativa fue apoyada por el resto de las autoridades.
El encuentro tenía como agenda revisar el funcionamiento de todas las instituciones del sistema penal a la luz de los acontecimientos de las últimas dos semanas en el país. A la sesión asistió el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el ministro y subsecretarios de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Penal Nacional, los máximos jefes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Sename, Servicio Médico Legal, además del Servicio de Registro Civil.
La máxima autoridad judicial explicó que en la reunión se discutió sobre la necesidad de «ganar mayor conocimiento acerca del tipo de información de esta situación; información más sustantiva para tomar decisiones, eso también es posible de conseguir. La idea que tenemos es generar mejores condiciones de información para las personas que resulten afectadas por detenciones y medidas de ese orden. Eso es muy importante. Calidad y oportunidad de la información han sido los ejes de esta conversación entre todos quienes intervenimos en el sistema de justicia».
Luego de constatar que todas las entidades han adaptado su funcionamiento a la contingencia con el propósito de otorgar el servicio de justicia de manera ininterrumpida y pronta, se acordó formar un grupo de trabajo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, con el propósito de reunir y poner a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a detenciones y actuaciones ante la justicia o el Ministerio Público, en especial los registros de los detenidos que no pasan, luego, a control jurisdiccional.
Por último, Haroldo Brito dio cuenta de la continuidad de servicio en la administración de justicia: «Tenemos la convicción de que, no obstante, las dificultades que han sido serias ciertamente, el sistema de justicia ha operado en buena forma; ha llegado a dar las resoluciones en los tiempos y en los plazos que estas se requieren. Esa es una tranquilidad poder asegurar que la institucionalidad de justicia penal está funcionando, diría casi de manera normal».
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín expuso que “hay una situación grave que nos tiene a todos muy compungidos, y que nos obliga a desarrollar acciones extraordinarias. Hemos detectado algunos puntos complejos en el funcionamiento del sistema, como algunas informaciones que no siempre se tienen en el momento oportuno, como la situación de personas que son detenidas y no son llevadas a control de detención cuyos registros no quedan identificados”.
“Todo lo cual nos ha hecho crear un grupo de trabajo de este mismo sistema de coordinación de la justicia penal, para aclarar todas esas informaciones que se van a sumar, para hacerlas públicas, en este afán de transparencia total de los hechos a la información que se está entregando por parte del Gobierno, que se canaliza a través de la Subsecretaría de DDHH”, finalizó el secretario de Estado.
