Después de una larga formalización, los imputados por el atentado incendiario ocurrido en la madrugada de este viernes en la provincia de Biobío quedaron privados de libertad durante el transcurso de la investigación.
En una audiencia que comenzó el pasado viernes y después de la solicitud de la ampliación de detención, la tarde de este lunes se confirmó el dictamen emitido en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles con respecto a los cinco detenidos por el atentado incendiario en Quilleco.
Tras darse a conocer la información de que A.C.C.V., R.AG.I., O.H.C.C., J.I.L.M. y B.A.L.V., este último sobrino del líder de la CAM, Héctor Llaitul, fueron formalizados por los delitos de incendio, amenaza y homicidio frustrado contra funcionarios de Carabineros, esto ocurrió después del atentado que afectó a una faena forestal en Quilleco.
En este sentido, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis, Michelangelo Bianchi, señaló que «la prisión preventiva con respecto a todos los imputados se basa en la gravedad de los delitos por los cuales se está formalizando, incluyendo delitos de incendio y otros«.
«En relación a la existencia de una imputada, efectivamente se encuentra con orden de detención, la cual surgió precisamente debido a estas pericias y las evidencias halladas en el momento de la detención de los imputados; actualmente se encuentra con orden de aprehensión», agregó.
Por otro lado, Ivonne Flores, defensora de los cinco imputados, explicó que «nosotros cuestionamos la existencia del delito y la participación de mis representados en los hechos. Esta es una investigación que recién está comenzando, y creemos que no había antecedentes suficientes para decretar la medida cautelar, cosa que el Tribunal no tomó en cuenta y decretó la medida de prisión preventiva. Ahora estamos presentando recursos procesales».
Sobre esta medida, la defensora manifestó que «el tribunal rechazó el peligro para la seguridad de la sociedad y en ese sentido, decretó la medida cautelar únicamente por peligro de fuga y por seguridad de las víctimas».
Los imputados deberán ingresar a un Centro de Detención Preventivo, CDP, el cual deberá ser realizado y verificado por Gendarmería de Chile, mientras que el plazo de investigación será de tres meses.
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