El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno emitió un fallo unánime condenatorio en el caso de Marcelo Antonio Pérez Pérez, quien fue hallado culpable debido a que secuestró, violó y lesionó en contexto de violencia intrafamiliar a su ex pareja. La instancia, compuesta por los magistrados Edmundo Moller Bianchi (presidente), Marcelo Reuse Straub y María Soledad Santana Cardemil (redactora), determinó que Pérez Pérez deberá cumplir una pena efectiva de 20 años de prisión por su participación en estos delitos.
El tribunal estableció que el 15 de junio de 2021, alrededor de las 16:00 horas, la víctima se encontraba en su domicilio junto a Marcelo Antonio Pérez Pérez, quien en ese momento era su conviviente. Motivado por los celos, el sujeto inició una discusión y agredió a la mujer con golpes en varias partes de su cuerpo, llegando a intentar asfixiarla. La víctima fue auxiliada por vecinas y el agresor huyó del lugar.
Sin embargo, el hecho principal que llevó a la condena ocurrió el 15 de mayo de 2022, cuando la víctima, quien en ese momento era exconviviente de Pérez Pérez, visitó el domicilio del acusado a petición de este. Durante la visita, Pérez Pérez revisó el teléfono de la víctima y, nuevamente motivado por los celos, la agredió física y sexualmente. Estos abusos se repitieron durante varios días hasta que la víctima logró escapar el 21 de mayo, aprovechando un descuido de su agresor.
Además de la condena de 20 años de prisión, Marcelo Antonio Pérez Pérez fue sentenciado a 300 días de prisión por su responsabilidad como autor del delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Penas accesorias al secuestrador
El tribunal impuso también penas accesorias legales que incluyen inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima, así como la prohibición de acercarse a su grupo familiar durante el tiempo de la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, se procederá a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados, como parte de las medidas adicionales de seguridad.
Este veredicto refuerza el compromiso de la justicia en la lucha contra la violencia de género y envía un claro mensaje de que los agresores serán llevados ante la justicia y enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
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