La Corte Suprema ha rechazado la solicitud presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba prolongar por seis meses el trabajo de Romy Rutherford en el contexto de la investigación sobre el fraude en el Ejército.

Es importante destacar que en el año 2020 se extendió por primera vez la permanencia de la ministra, y este hecho se repitió en marzo de 2022, después de que se aprobara la enmienda conocida como «Ley Rutherford». En consecuencia, se le otorgó una extensión hasta el 4 de septiembre de este año.

Fraude en el Ejército: El argumento del CDE

En el documento presentado el 22 de agosto, el CDE argumentó que el caso «consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos».

«Solo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega», detallaron.

Rutherford asumió la investigación el 3 de marzo de 2017 por fraude dentro del Ejército, desde ese entonces se han procesado a 68 uniformados, dictado 12 condenas, además de imputar a cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.

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