Con la medida cautelar de arresto domiciliario total, quedó el ex alcalde de la comuna de Tucapel, José Fernández Alister, tras ser imputado por un caso de fraude al fisco ocurrido durante su administración.
La mañana de este lunes, se llevó a cabo la formalización de cuatro individuos, entre los cuales se encuentra el ex jefe comunal. Además de Fernández, se formalizó al ex director técnico de Obras Municipales, Rodrigo Álvarez Aldea; a la ex inspectora técnica de Obras, Yohana Burgos Burgos y; al ex director de Administración y Finanzas, Marco Wholk Caro.
En la formalización se señaló que los implicados habrían incurrido en omisiones en el cumplimiento de sus funciones en los cargos que ocupaban, específicamente en relación a contratos de recambio de iluminación LED.
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Estos contratos estaban vinculados a la empresa Frontel, con fecha del 28 de agosto de 2014, lo que habría generado un perjuicio municipal por más de 99 millones de pesos.
Mario Lobos , fiscal que llevó la formalización, señaló que “tanto en las bases administrativas especiales como en el respectivo contrato firmado se estipuló que el costo para la municipalidad se cubriría a través de un sistema de autofinanciamiento generado del ahorro energético del parque lumínico de la comuna por el uso de luminaria LED”.
“Esto alcanzaría el 50% del gasto de consumo de las antiguas luminarias, y en el caso que dicho ahorro no fuera suficiente para el pago de la cuota respectiva, éste sería asumido por el proveedor del servicio, en razón que no se estaría dando cumplimiento a la exigencia de ahorro”, agregó.
Sin embargo, al concluir las obras a principios de 2015, la municipalidad efectuó un pago íntegro de $850 millones de pesos a Frontel, sin tener en cuenta el ahorro energético previamente planificado.
Además, no se llevaron a cabo las mesas técnicas mensuales requeridas por el contrato para calcular el ahorro.
En consecuencia, el Juzgado de Garantía ha impuesto medidas cautelares de arresto domiciliario total para el ex alcalde y arresto domiciliario nocturno para los otros exfuncionarios municipales involucrados en esta situación.
Por otro lado, la Fiscalía ha establecido un plazo de siete meses para llevar a cabo la investigación, con el objetivo de proporcionar y aclarar cualquier otra información relevante que pueda surgir a lo largo del proceso.
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