Una estudiante de periodismo de la Universidad del Desarrollo, identificada como Catalina Paz Orellana Garcés, quedó con prohibición de acercarse a un funcionario de la misma universidad por un período de seis meses, según lo establecido por la Corte de Apelaciones de Concepción. La resolución fue emitida después de que el funcionario presentara un recurso de protección en contra de la alumna, alegando acoso físico y psicológico.
La Sexta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Juan Ángel Muñoz López y el abogado (i) Mauricio Ortiz Solorza, acogió el recurso presentado por el funcionario. La sala encontró que la estudiante de periodismo en cuestión insistentemente trató de contactar al funcionario, sin respetar su negativa y sin tener motivos justificados para ello.
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El acoso escaló a episodios de acoso físico, culminando el 17 de marzo, cuando la alumna intentó derribar la puerta de la oficina del funcionario, lo que resultó en la necesidad de llamar a la fuerza pública para restablecer el orden.
El tribunal encontró que la conducta de la alumna fue ilegal y arbitraria y vulneró la libertad personal del funcionario, que tiene derecho a mantener su privacidad y evitar contactos no deseados.
En consecuencia, se impuso una restricción de seis meses, que prohíbe a la estudiante acercarse al funcionario en un radio de 100 metros y contactarlo por cualquier medio. Además, la decisión será notificada a la estudiante para que tome conocimiento de la misma y acate las restricciones.
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