Un abusador sexual, identificado como Patricio del Carmen Silva Sanhueza, fue condenado a una pena de 15 años de cárcel. Ello, por acreditarse que fue el autor de los delitos reiterados y consumados de abuso sexual en contra de una niña de 13 años en Cabrero.
Los ataques de Silva Sanhueza comenzaron en noviembre de 2018 y se extendieron hasta febrero de 2019.
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Según indicó el fallo, en días y horas no determinadas, “mientras se encontraba en su casa o en la pieza que arrendaba el acusado Patricio del Carmen Silva Sanhueza a sus padres, ubicada en el mismo sitio del inmueble en que vivía la afectada con su familia, situado en (…) la comuna de Cabrero, prevaleciéndose de su superioridad física, y mediante amenazas y entrega de dinero”, la violó bucalmente.
Esta conducta, la reiteró en febrero de 2019, en días y horas no determinados, en la misma casa, cuando la víctima tenía 14 años de edad.
Asimismo, se acredito otro ataque entre junio y diciembre del 2018. Ahí, el sujeto se aprovechó de su superioridad física y amenazó a la víctima. Junto con ello le pasó dinero para realizar actos de relevancia y significación sexual. Estos consistían en en tocar con sus manos (…), en algunas oportunidades sobre la ropa de la niña y en otras tocando la piel de aquella”.
Tribunal: 15 años de cárcel y inhabilitación perpetua de cargos, oficios públicos y derechos políticos
Debido a lo anterior, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, lo condenó por este delito en un fallo unánime. Junto con ello, se le aplicaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. También se le inhabilitó para profesiones titulares mientras dure la condena.
Asimismo, el tribunal impuso a Silva Sanhueza las penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y; la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado. Ello, para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
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