El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a un sujeto a la pena de 14 años de cárcel. Lo anterior, por considerarlo autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual, violación impropia y violación.
Los hechos se remontan a un periodo entre septiembre de 2008 y julio de 2016, donde la joven decidió contarle de la situación a su madre en la comuna de Hualqui, región del Biobío.
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La jueza Cecilia Grant del Ríos (redactora), explicó los hechos. “El tribunal condenó al acusado a una pena única de 14 años, por una serie de delitos cometidos en contra de su hijastra mientras esta tenía entre 12 y 19 años», sostuvo.
Agregó que «los que comenzaron como abusos sexuales, los que fueron en escalada convirtiéndose en violación cuando la víctima tenía 14 años».
Los ataques «se mantuvieron hasta los 19 años, cuando la joven decide develar lo vivido a su madre». Tras ello, concurrieron a la Comisaría de Carabineros de Hualqui, donde hicieron la denuncia.
“No obstante, al tratarse de una multiplicidad de delitos se le aplica una pena única al acusado. Lo anterior, ya que el Código Procesal penal contempla esta posibilidad cuando se trata de delitos de la misma especie», explicó.
Grant, dijo que gracias a la declaración de la víctima y la colaboración del acusado, quien reconoció los hechos, se logró la pena señalada.
El fallo, donde además partició Selín Figueroa (Presidente) e Ingrid Quezada Valdebenito, fue unánime. Además de los 14 años de cárcel, se le aplicaron al condenado las accesorias legales de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos.
Asimismo, el tribunal condenó al sujeto a las penas especiales del artículo 372 del Código Penal. Es decir, a la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; a la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
