Una pena de 13 años de cárcel para el padrino de iniciales L.A.M.B (Poder judicial no entregó la identidad), quien abusó de dos menores de edad. El hecho ocurrió entre los años 2010 y 2015, cuando aprovechando la confianza de las familias, atacó a las niñas.
Fue así que este miércoles, en fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, – integrado por los magistrados Eduardo Rodríguez Muñoz (presidente), Óscar Huenchual Pizarro (redactor) y Sara Pizarro Grandón– condenaron al sujeto como autor de abuso sexual reiterado.
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CÁRCEL PARA EL PADRINO: LOS HECHOS COMPROBADOS
En el fallo, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, el modus operandi del sujeto. Hasta agosto de 2015, el condenado tenía una amistad con los padres de la niña nacida en 1999. Incluso se transformó en el padrino.
Fue en ese contexto que tal como indica el documento, que el sujeto visitó la casa entre 2010 y 2015. En determinadas ocasiones, también fue a ayudar la menor de edad con sus tareas escolares mientras su padre y madre trabajaban”.
Así, durante ese periodo concretó los ataques. «En días no determinados y en horas de la tarde, en el dormitorio de la víctima, realizó actos de relevancia y significación sexual en contra de la menor en reiteradas ocasiones”.
Junto con ello, se logró acreditar que repitió la conducta con una segunda víctima nacida en octubre de 2002. Estos hechos tuvieron ocasión con un modus operandi similar y entre 2014 y 2015.
Además, el tribunal determinó las penas de interdicción del derecho a ejercer la guarda y de ser oído como pariente. A eso, se suma la sujeción de vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena. Y, finalmente, a la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos oficios o profesionales ejercidos en ámbitos educacionales o con menores. Esto por un plazo de 10 años.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
