Durante la tarde de este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra el presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y el exSubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Esta acción fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, acusando delitos de corrupción cometidos en el marco del plan dispuesto por la emergencia sanitaria del Covid-19.
De acuerdo a lo expuesto por el organismo y en relación a la auditoría realizada por Contraloría «existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados».
En concreto, estos delitos corresponde a fraude al fisco por la contratación irregular de residencias sanitarias. En el comunicado mencionan el caso de dos hoteles cuyos pagos injustificados superan los 710 millones de pesos.
Además denuncian responsabilidad por los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias: «las autoridades se han interesado en las negociaciones , contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiónes que produce derivación de beneficios económicos».
En dicho sentido, mencionan el polémico caso del arriendo Espacio Riesco como residencia sanitaria por 2.900 millones y el pago de 53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar .
Sobre lo anterior, el organismo concluye acerca de la gestión del presidente Piñera por la pandemia del covid que «privilegiaron un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población».
