La emergencia persiste en el sudeste asiático, especialmente en Myanmar tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el viernes 28 de marzo. La junta militar, que gobierna la nación desde el golpe de Estado de 2021, elevó este sábado a 1.644 los fallecidos. 

Mientras que se reportan al menos 3.408 los heridos y 139 los desaparecidos, en lo que ya se perfila como una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente del país. No descartando que con el pasar de las horas, estas cifras aumenten mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.  

El movimiento sísmico tuvo su epicentro entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, una de las zonas más afectadas por la violencia del conflicto armado entre el Ejército y las guerrillas rebeldes. Las consecuencias han sido devastadoras: más de 2.600 edificios colapsaron, entre ellos viviendas, escuelas y templos budistas. Seis regiones clave –Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago– han sido declaradas en estado de emergencia. 

Rescate bajo fuego y un país sumido en el caos 

Las labores de rescate avanzan con enormes dificultades. Equipos de emergencia luchan contra los escombros mientras la infraestructura devastada y los cortes de telecomunicaciones dificultan la coordinación. En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, un rescatista describió la sombría realidad. «Sacamos más cuerpos de entre los escombros que personas vivas. En un solo día, un equipo encontró 30 cadáveres». 

El terremoto agrava una crisis ya extrema. Según la ONU, millones de personas estaban desplazadas por el conflicto antes del desastre. Ahora, muchas de ellas han quedado completamente desamparadas. La situación es especialmente grave en Sagaing, bastión rebelde donde el Ejército ha impuesto bloqueos de telecomunicaciones, impidiendo que la ayuda llegue a los más afectados. 

Llamado internacional ante los fallecidos y lesionados 

En un giro poco común, la junta militar ha solicitado asistencia internacional, algo que en una época normal no ocurriría. La ONU y la Unión Europea han comprometido recursos, y organizaciones como Médicos Sin Fronteras y World Vision están movilizando esfuerzos. Sin embargo, persisten dudas sobre la distribución de la ayuda más con la cantidad de fallecidos.

 Tom Andrews, relator de la ONU para Myanmar, advirtió que el régimen podría manipular los suministros como una herramienta de control. Llevando consigo una nueva problemática para poder dar apoyo a los afectados, en especial, a las familais de las zonas más desbastadas.  

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), opositor a la junta, denunció que el Ejército ha continuado con bombardeos en zonas afectadas, incluso tras el terremoto. Mientras la comunidad internacional trata de responder, la incertidumbre sigue reinando en un país donde la guerra civil y la catástrofe natural se entrelazan en una crisis sin precedentes. 

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