Lo que en un principio era una valiosa ayuda económica para las personas, terminó transformándose en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno.
La polémica en torno al Bono Clase Media y las más de 437 mil personas que lo recibieron sin cumplir los requisitos sumó una nueva arista.
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Pese a que el Gobierno recalcó que perseguirán y sancionarán a todos los que entregaron datos faltos, algunos diputados no comparten la idea y solicitaron un ‘perdonazo’.
La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, envió una carta a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para no perseguir penalmente a las personas.
Según detalla la misiva, los denunciados por el SII abarcan el 27% del total del universo proyectado.
«Lo anterior es una clara demostración del fracaso de un subsidio diseñado que el país carece de la capacidad técnica de implementar en el poco plazo que se estableció», remarcó.
En la misma línea, remarcó que «el gobierno debería hacer un perdonazo a todos quienes intenta perseguir por el bono clase media. Piñera no puede tratar de delincuentes a casi medio millón de personas, ni amenazarlas con enfrentar la justicia».
La diputada calificó de ‘inmoral’, las acciones que emprenderá el Gobierno: «Es totalmente inmoral que intenten perseguirlos sin asumir los costos de improvisación del Ministerio de Hacienda con esta ley que tuvo graves problemas de implementación».
El jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, también se mostró a favor de esta solicitud y calificó de injustos los dichos del Gobierno.
Soto remarcó que «el bono clase media fue impulsado a última hora, solo para tratar de echar abajo el proyecto del primer retiro del 10% de AFP, objetivo que no lograron y terminaron diseñando esta política mal ejecutada, mal diseñada y mal implementada por parte del Gobierno».
