Este martes, fue condenada a la pena de tres años y un día de presidio la contadora de Los Ángeles, Lidia Nathalie Vidal Molina. La mujer es responsable en calidad de autora del delito consumado de estafa en contra de una empresa privada. Además, se le comprobó el delito reiterado de falsificación de instrumento privado mercantil por más de 7 millones de pesos. Pese a ello, cumplirá la pena en libertad.
La timadora, se desempeñaba como contadora de la Sociedad Construcciones Eléctricas Volta Limitada, ubicada en el sector de Pata de Gallina en Los Ángeles. Ahí, estaba encargada de la generación de cheques para efectos de pago a los proveedores y clientes acreedores de dicha empresa.
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Así, durante junio y julio de 2014, Lidia Vidal, “ingresó información falsa en los registros de pago de proveedores y acreedores de su empleadora». Información detallada en el fallo judicial.
La falsedad, «consistió en generar órdenes de egreso que daban cuenta de pagos imaginarios a proveedores y acreedores de la empresa». Dicha acción la realizaba «sin que estos últimos participaran ni tomaran conocimiento de estas operaciones, generando la imputada en relación con estos procesos, cinco cheques ideológicamente falsos a nombre de personas de su confianza». Se trata de documentos emitidos a nombre de Eduardo Salazar Escobar, Grace Silva Contreras, Víctor Rivera (Vidal) y Juan Carlos Salinas Matamala. Sin embargo, tal como sostiene el documento, «con quienes la empresa Volta Limitada no tiene ni ha tenido relación comercial alguna”.
Además, el jefe directo de la acusada, firmó los documentos mediante engaño. «Cinco cheques ideológicamente falsos que fueron cobrados e ingresados en las cuentas corrientes de las personas de confianza de Vidal Molina, quienes posteriormente, le entregaron o depositaron íntegramente dichos montos, logrando lucrar Vidal Molina en forma ilícita y en perjuicio a su empleadora, por la suma total de $7.141.952», añade.
De esta manera, la contadora de Los Ángeles, en fallo unánime del tribunal; integrado por los magistrados Gino Viale Acosta (presidente), Christian Osses Baeza e Ingrid Quezada Valdebenito (redactora); se le aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 11 UTM.
