El entrenador abuso retieradamente, violó y grabó a dos menores de edad.

El Juzgado de Garantía de Concepción impuso la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a Rodrigo Fernando Alarcón Molina, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de almacenamiento de pornografía infantil.

En un trabajo de investigación de la PDI, el imputado fue sorprendido en su domicilio guardando al menos 70 imágenes de menores de edad de entre 5 y 13 años en actividades sexuales explícitas.

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A pesar de la gravedad del delito, el hecho nuevamente genera molestia en la opinión pública debido a la medida cautelar impuesta, considerando que el imputado sólo quedó con arresto domiciliario parcial nocturno. Esto, parece insuficiente para un delito de esta naturaleza.

Cabe destacar que el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, en consideración a la pena asignada al delito y la irreprochable conducta anterior del imputado. Además, se fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Es importante recordar que el almacenamiento de material pornográfico infantil es un delito que atenta contra los derechos de los niños y niñas, y puede generar graves consecuencias en su desarrollo emocional y psicológico. Por ello, es necesario que se tomen medidas efectivas para combatir este tipo de delitos y que se apliquen sanciones acordes a su gravedad.

¿Qué dice la legislación Chilena sobre la pornografía infantil?

La legislación chilena contempla severas penas para los delitos relacionados con la pornografía infantil. De acuerdo al artículo 366 ter del Código Penal, quien produzca, distribuya, exhiba, venda, compre, adquiera, posea o almacene material pornográfico infantil, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

La pena aumenta en caso de que el material involucre a menores de 14 años de edad, llegando hasta la pena de presidio mayor en su grado máximo.

Además, la ley establece que quienes cometan estos delitos no podrán trabajar en instituciones públicas que tengan relación con menores de edad, y deberán someterse a un tratamiento psicológico para tratar su conducta.

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