El aumento de inseguridad en diferentes comunas y de respuesta ha motivado a la Contraloría a dar a conocer un informe donde existe un incumplimiento de municipios, incluidos algunos de la provincia del Biobío.
Un alarmante nivel de incumplimiento en la entrega de información sobre seguridad pública por parte de los municipios fue revelado por el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR). El informe destaca que 312 municipalidades del país —equivalente al 90% del total— no han remitido a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) los antecedentes relacionados con sus Planes Comunales de Seguridad Pública, como tampoco las actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública correspondientes al período 2024-2025.
En la Provincia del Biobío, la situación es particularmente crítica, según lo dado a conocer, donde comunas como Alto Biobío y Mulchén figuran entre las 110 municipalidades catalogadas como de carácter “Urgente”, es decir, con mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. En el caso de Alto Biobío, además, no se han reportado sesiones del Consejo de Seguridad en los últimos años, según el organismo contralor.
Plan de seguridad en municipios del Biobío
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga a las administraciones locales a contar con un Plan Comunal de Seguridad Pública actualizado y a sesionar mensualmente a través del Consejo Comunal, instancias diseñadas para coordinar medidas intersectoriales entre autoridades locales, policías, entidades públicas y la comunidad. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que establece la norma.
“La ausencia de un plan vigente y la falta de sesiones regulares del consejo comunal de seguridad afectan directamente la coordinación entre los actores responsables, lo que se traduce en acciones improvisadas y poco eficaces frente a la delincuencia”, advierte el informe.
Esto repercute de forma directa en la calidad de vida de los habitantes, sobre todo en comunas vulnerables como Tirúa, también en la región del Biobío, donde históricamente se han enfrentado desafíos relacionados con la seguridad. Además, se agregan las condiciones necesarias de incumplimientos y que van en la afectación directa a la comunidad.
Además, el informe señala que 24 municipios a nivel nacional tienen sus planes vencidos al mes de febrero de 2025, y 40 gobiernos locales no los han enviado a la Subsecretaría, en incumplimiento directo de la Ley 18.695. Entre las comunas con planes vencidos se encuentran algunas con altos índices de riesgo como La Florida, aunque en la Región del Biobío no se especifica si este es el caso de Alto Biobío o Mulchén.
Consejo Comunal de Seguridad
Un dato aún más preocupante es que 72 municipios remitieron las actas del Consejo Comunal de Seguridad con más de un año de retraso, mientras que 19 municipios no reportaron ninguna sesión en los últimos años. Dentro de este último grupo se encuentra nuevamente Alto Biobío, lo que revela una falta de gestión sistemática frente a una problemática que afecta directamente a sus ciudadanos.
La Contraloría insiste en que este nivel de incumplimiento no solo representa una vulneración legal, sino que aumenta la exposición de la población a delitos y reduce drásticamente la eficacia de las políticas públicas en seguridad. La falta de coordinación y comunicación interinstitucional termina por perjudicar a los propios habitantes de las comunas, que ven mermada su tranquilidad y confianza en las autoridades.
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