Hasta el Congreso Nacional concurrieron las máximas autoridades locales de Quilaco y Santa Bárbara, para estar presentes en una comisión especial de seguridad, con la finalidad de buscar una mejora en la seguridad tras el ataque en la zona precordillerana.
Una tensa sesión se vivió en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde los alcaldes Pablo Urrutia y Cristian Oses, denunciaron la grave situación de inseguridad que afecta a la macrozona sur. La sesión, que contó con la presencia de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, puso en el centro del debate la falta de respuestas concretas del Gobierno ante los atentados que han golpeado duramente a la zona.
Durante la instancia, los jefes comunales relataron el impacto del reciente atentado incendiario en la Central Rucalhue, donde fueron destruidos varias máquinas y cerca de 50 camiones. “Lo ocurrido en Rucalhue es uno de los atentados más graves del país”, advirtió el alcalde Cristian Oses. Señalando que “necesitamos una intervención real y decidida del Gobierno. No podemos permitir que la violencia siga avanzando en nuestra región”.
Más seguridad para Quilaco y Santa Bárbara
En paralelo, se abordó el funcionamiento del estado de excepción constitucional y las limitaciones operativas de las fuerzas desplegadas en el territorio, agudizadas por recortes presupuestarios. Para el alcalde Pablo Urrutia, la situación evidencia una omisión del Estado.
“No podemos seguir permitiendo que los carabineros, quienes deben resguardar la seguridad pública, tengan que encargarse de la seguridad de instalaciones privadas”, sostuvo, y agregó que “es urgente que el Estado garantice la seguridad para todos, no solo en términos de presencia policial, sino también a través de una verdadera política de seguridad”, detalló.
En este escenario, la diputada Karen Medina Vásquez, del Distrito 21, respaldó las solicitudes de los alcaldes y exigió al Ejecutivo una reacción más decidida. “Hoy hemos sido escuchados en el Congreso, pero es fundamental que se tomen decisiones de fondo”, afirmó. Subrayando que “el actual estado de excepción ha demostrado ser insuficiente. Necesitamos respuestas concretas para que la seguridad vuelva a la región y los inversionistas, transportistas y vecinos puedan vivir sin temor”.
Como resultado de la sesión, la Comisión de Gobierno Interior acordó oficiar a los ministerios competentes. Además de realizar un seguimiento activo de las demandas planteadas por los alcaldes y representantes de la zona, en busca de soluciones reales frente al avance de la violencia en el sur del país.
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