Una grave irregularidad en la contratación de un funcionario en la Municipalidad de Mulchén ha puesto en tela de juicio la legalidad de los procesos administrativos locales. A pesar de estar inhabilitado para ocupar cargos públicos debido a una condena por delitos de corrupción, Álvaro Vergara Colin fue contratado para la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la comuna.
La situación salió a la luz tras dos denuncias presentadas a la Contraloría General de la República, que, tras revisar los antecedentes, determinó que el nombramiento de Vergara Colin, firmado por el alcalde José Miguel Muñoz (Partido Republicano), era ilegal. Según los informes, Vergara Colin había sido condenado en 2022 por los delitos de cohecho y falsificación de instrumento público. Lo que le impone una pena accesoria de inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos durante cinco años.
A pesar de esta condena, en diciembre de 2024, el alcalde Muñoz firmó un decreto que lo contrataba en calidad de contrata, con un grado 9, renovable hasta diciembre de 2025. La administración local defendió esta decisión, señalando que la contratación se había realizado conforme a la normativa vigente. Y que esto, había cumplido los requisitos legales para el cargo.
Irregularidad en Mulchén
No obstante, según lo publicado por el medio SABES, la Contraloría desestimó esta versión, señalando que el funcionario en cuestión se encontraba inhabilitado, por lo que su contratación era ilegal. El organismo fiscalizador ordenó la invalidación del decreto alcaldicio N° 5.635, que aprobó dicha contratación. Además otorgó un plazo de 20 días hábiles a la Municipalidad para regularizar la situación.
Ante el fallo de Contraloría, el alcalde Muñoz declaró que recibió la resolución apenas 24 horas antes. Y que la misma se encuentra actualmente en manos de la Asesoría Jurídica de la municipalidad. No obstante, el jefe comunal prefirió no emitir más comentarios hasta recibir una respuesta oficial de la unidad legal correspondiente. Esto, a pesar de las consultas por el citado medio regional.
La resolución de la Contraloría pone en evidencia la falta de fiscalización sobre las decisiones del gobierno local, como el caso en Mulché. Así como la necesidad de revisar los procesos de contratación de funcionarios para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
