Un rechazo generalizado entre autoridades de oposición y del oficialismo de la provincia de Biobío, ha causado la decisión del Seremi del Deporte, Marco Loyola, de dejar a la ciudad de Los Ángeles sin el proyecto del estadio.

Recordemos que luego de un largo camino en búsqueda de los recursos, estudios, compras de terreno y otras burocracias que acumulan cientos de archivos y traspasos de dinero, se informó que producto de la pandemia, este ya no se realizaría. Cabe indicar que es el único proyecto grande del Biobío que fue sacado de la carpeta.

Alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause junto a una torre de archivos de más de un metro con todos los papeleos y trámites que se han llevado a cabo para hacer el proyecto una realidad.

Ante esto, el ex intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, expresó que “quiero manifestar mi solidaridad frente al agravio que están sufriendo los habitantes de Los Ángeles con la decisión que ha tomado el ministerio del deporte de retirar el permiso para poder construir el estado”.

Añadió que “es una situación que no es comprensible”.

“Hace 3 años atrás, en el Gobierno Regional, se tomó la decisión de firmar un convenio con el Ministerio del Deporte, convenio que permitió que la municipalidad de Los Angeles comprara un terreno, hiciera estudios por más de 2.300 millones de pesos y aceptando una condición que estableció el ministerio del deporte que era gravar esos terrenos con un fin exclusivamente deportivo”, contó.

Ante esto, manifestó con preocupación que “hoy día cuando ya el ministerio del deporte ha traspasado la primera cuota de los recursos necesarios para poder realizar la construcción del anhelado estadio para la ciudad de Los Ángeles, surge una decisión que es muy extraña, se quita el permiso para construir”.

“Es una situación muy anómala, porque estamos en una situación de crisis económica donde se requiere invertir recursos para generar trabajo y porque no hay otro proyecto relevante para la provincia de Biobío”, aseguró.

Cabe indicar que en las últimas semanas los diputados, tanto del oficialismo como Iván Norambuena y Cristóbal Urruticoechea, además de la diputada Joanna Pérez, han estado intentando revertir la decisión que habría generado más de 300 empleos y una reactivación económica en una ciudad fuertemente golpeada por el desempleo.