El Presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, José Miguel Stegmeier, denunció que grupos radicales indígenas, han iniciado una escalada de violencia tras el término del Estado de Excepción Constitucional en la comuna de Alto Biobío. Lo anterior, ligado a la toma de fundos de manera violenta a las familias que por décadas han habitado en el lugar.
El último fue el Fundo San Miguel, donde los comuneros se instalaron en las últimas jornadas. En su molestia, acusan que no hay avances en la «recuperación de tierras» por parte de la Conadi.
Sobre esta demanda, ya han iniciado amenazas de expropiación a toda la comunidad colona del sector de Alto Bio Bio, en particular al Fundo San Antonio, Fundo Pangue y las zonas de veraneadas de colonos. Esto, afecta directamente a más de 100 familias, la mayoría agricultores y ganaderos de la zona.
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Al respecto, y en representación de las familias afectadas, José Miguel Stegmeier, Presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, señaló a El Contraste que «son hechos muy graves».
«Se está atentando contra personas que han estado ahí desde hace muchos años trabajando, particularmente del fundo San Miguel. Esto es muy extremo, ya que ellos tienen ahí una conducta muy intachable en la zona. Se han hecho inversiones, se han hecho trabajos y hoy en día están con una intervención violenta que pretenden quitarles ahí sus tierras y eso es incomprensible», añadió.
Stegmeier quien ha intentado dialogar con los comuneros en toma, sostuvo que «yo les pedí que no vayan a atentar contra la familia ni tampoco contra sus bienes. Esto, ya que hace cuatro años atrás, ya quemaron sus maquinarias, unas casas, las pesebreras. Ahí, murieron calcinados tres caballos en un incendio, quemaron también la central de paso que tienen, bodegas y maquinarias. El ataque fue de muy alto y muy costoso a nivel materiales. Por eso, les pedí que eso no se repita por ningún motivo, ya que quedan personas lisiadas, personas de tercera edad y niños chicos».
Esta acción se suma a la toma que hubo en la Central Pangue. En ese contexto, dijo que «sabemos que Alto Biobío tiene una tremenda capacidad de generación. Entonces, yo creo que el Estado debería resguardarlo como infraestructura crítica. Esto, porque podría haber algún problema si se bloquea la zona de Ralco a la llegada del Estado».
Finalmente llamó al Estado a hacerse cargo del problema. «Cuando comienzan estos hechos y no hay algún tipo de autoridad que comience a controlar esto, lógicamente que se deja la puerta abierta para que vándalos se tomen el terreno de lo que no les corresponde. Definitivamente, aquí lo que requerimos es un Estado de Derecho», aseveró.
Desalojo de Central Pangue
Tras el desalojo de la central hidroeléctrica Pangue de Enel en la comuna de Alto Bío Bío, luego de una toma de 64 días protagonizada por un grupo de familias de la comunidad indígena Aukin Wallmapu, su presidenta, María Curriao, justificó la medida de presión.
Asimismo, Curriao manifestó que éste es solo el inicio de una serie de otras movilizaciones que llevarán a cabo, apuntando que “esto no va a terminar aquí”.
En tanto, desde Enel, valoraron la acción de desalojo instruida por el gobierno del Presidente Boric. «Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico», indicaron.
Junto con ello, expresaron que «después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío».
«Comprometemos nuestros esfuerzos técnicos y administrativos para reestablecer a la brevedad el estándar de operación y confiabilidad de esta unidad. Sin perjuicio de perseguir las responsabilidades respectivas en su momento y ante quien corresponda, tutelamos los mecanismos de diálogo respetuoso y transparente instalados en el territorio. Confiamos en el trabajo colaborativo para el desarrollo local construido con las comunidades en Alto Biobío», cerraron.
Delegada Presidencial: «Estamos en coordinación trabajando también para darle seguridad a las familias en este proceso de recuperación»
La Delegada Presidencial de Biobío, Paulina Purrán, justificó la acción policial en Pangue. Lo anterior, ya que aseguró que conversó con la dirigenta de Aukin Wallmapu y ella no aceptó formar parte de una mesa de trabajo con Enel en Los Ángeles, «por lo tanto, debimos proceder al desalojo».
«Yo llamo a la señora María Curriao a buscar las instancias de diálogo que se han ido dando», añadió.
Sobre la toma del fundo San Miguel, Purrán aseguró que se trata de «una recuperación del fundo San Miguel, ubicado en Ralco, Alto Biobío«.
Detallo que «ingresaron el sábado de madrugada alrededor de 15 personas al lugar. Hemos tenido contacto con ellos, también con las familias. En este último caso están muy preocupados, están muy asustados. Como Delegación Presidencial, hemos ordenado lo que la ley nos permite que son los patrullajes diarios con entrevista a los residentes, ya que el caso está en fiscalía y es a ellos a quien corresponde de ordenar el curso a seguir».
«Hemos tenido el contacto también con la jefa fiscal y estamos en coordinación trabajando también para darle seguridad a las familias en este proceso de recuperación», finalizó.
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