Tras una investigación que duró más de tres años, se dictó la condena contra el dueño y administrador del recinto zoológico de Rancagua, donde murió una trabajadora tras ser atacada por un tigre.
El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó este martes a Iván Sánchez Lobos, dueño del Parque Safari de Rancagua. Esto, por cuasidelito de homicidio debido al trágico fallecimiento de Catalina Torres Ibarra. Una joven de 21 años que perdió la vida tras ser atacada por un tigre mientras realizaba labores de aseo y mantención en la jaula del animal el 6 de agosto de 2021.
El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando Torres ingresó al recinto del tigre por orden de su jefatura sin ser advertida de que el animal se encontraba suelto. El ataque le causó heridas fatales, provocando su muerte poco después.
Un segundo condenado por este ataque de tigre
Durante el juicio simplificado, también fue condenado Pablo Sánchez Reyes, hijo del dueño y gerente de operaciones del parque. Esto, por no garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los trabajadores.
Según expuso el fiscal adjunto de Rancagua, Maximiliano Mariángel, los responsables no implementaron los protocolos requeridos para resguardar la integridad de los empleados, pese al riesgo inherente a la actividad del parque.
“Lo destacable del veredicto es que se indicó que estas personas tenían la obligación de implementar protocolos de seguridad al generar beneficios económicos de una actividad riesgosa. Esto, en la práctica, no ocurría en el Parque Safari”, señaló el fiscal Mariángel. Además, enfatizó que “no es posible que un trabajador que ejerce su labor no regrese a su casa por la irresponsabilidad de su empleador”.
En la misma instancia, el tribunal absolvió a una veterinaria acusada en el caso tras determinar que no existía responsabilidad directa por su parte. La defensa argumentó que las medidas preventivas y de seguridad recaían exclusivamente en los empleadores y jefaturas directas.
La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 30 de noviembre. Este fallo marca un precedente importante en la exigencia de responsabilidades hacia empleadores que operan en entornos de riesgo.
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