El Juzgado de Garantía de Concepción decretó prisión preventiva para cuatro de los ocho imputados de un clan familiar acusado de liderar una organización de robo de madera en las provincias de Biobío, Concepción y Arauco.
Durante tres jornadas de formalización, se les imputaron cargos por delitos como asociación ilícita, lavado de activos, hurto de madera y delitos tributarios. Los otros tres imputados que no quedaron tras las rejas enfrentarán medidas cautelares de menor intensidad como arresto domiciliario o arraigo.
De acuerdo a la investigación, la organización operaba a través de Forestal Queule, empresa que compraba madera robada y la vendía a empresas del sector. Para cubrir las transacciones, emitían facturas falsas y ocultaban la procedencia ilícita del producto, logrando comercializar más de 200 mil metros cúbicos de madera y generando ganancias que superan los $13 mil millones.
La estructura criminal permitía rebajar impuestos utilizando documentos falsificados, logrando deducciones de IVA y obteniendo créditos fiscales significativos. Los ingresos obtenidos fueron transferidos a cuentas personales, invertidos en el extranjero y utilizados en la compra de bienes.
Además, uno de los imputados lideró otra asociación ilícita paralela para el robo de madera, organizando la extracción y el transporte de los productos desde terrenos en la provincia de Arauco, los cuales eran luego distribuidos y vendidos mediante el mismo esquema fraudulento.
Cautelares contra imputados que facturaban con madera robada en el Biobío
Quienes quedaron en prisión preventiva fueron: Cristián Alejandro Reyes Castro, Estela Betsabet Soto Ulloa, Diego Armando Reyes Garay y Javier Agustín Ramírez Núñez. Todos fueron imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, receptación reiterada de madera, delitos tributarios. Además, facilitación de facturas falsas. El magistrado dictaminó que serían un peligro para la sociedad y que existe riesgo de fuga. Además, fijó en nueve meses el plazo de investigación.
En tanto, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de los coimputados Carlos Roberto Araya Osses, Sergio Alonso Rebolledo Jara y Felipe Ignacio Moraga Roa; en tanto, Wladimir Moisés Chávez Neira quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
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