Uno de los candidatos derrotados en San Rosendo ha presentado un recurso ante el Tribunal Electoral (TEC) Regional del Biobío para impugnar las recientes elecciones en esa comuna, acusando un posible «acarreo» de electores. Joaquín Sanhueza, el demandante, solicita la nulidad de los resultados en la elección de alcalde, concejales, consejeros regionales y gobernador.
La denuncia de Sanhueza se basa en la notable diferencia en la participación electoral entre las elecciones municipales de 2021 y las más recientes, celebradas el 26 y 27 de octubre de 2024.
En su presentación, el denunciante señala que “en las elecciones municipales celebradas en el año 2021 votaron en la comuna de San Rosendo 2.727 personas, y en las del 26 y 27 de octubre lo hicieron 3.788”. Este incremento de un 38,9% en el número de votantes ha levantado sospechas sobre la legitimidad de los resultados.
Cuestiona cifras de votantes en San Rosendo
Además, Sanhueza indica que el padrón electoral definitivo aprobado por Servel para las últimas elecciones en San Rosendo consta de 4.351 electores. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, “en el presente año 2024 existen en San Rosendo sólo 2.820 personas mayores de 18 años”. Esta discrepancia ha llevado a cuestionar la validez de la elección.
El candidato también expone que “hay 1.531 electores que votan en San Rosendo pero que no viven allí”, lo que representa un 42,9% de la población total, incluidos los menores de 18 años. Sanhueza asegura que muchos de estos votantes habrían solicitado el traslado de su inscripción electoral a San Rosendo “señalando tener domicilio en esa localidad, e indicando para ello domicilios falsos y/o inexistentes”.
El Contraste consultó a Sanhueza por la denuncia que presentó. El candidato derrotado destacó que “es Servel quien tiene dato duro”, mencionando que había personas que “preguntaban dónde estaban los locales de votación o las mesas”. Agregó que “había personas que llegaban en buses y en el tren para votar”, y que al consultarles, muchos afirmaron que “eran de Chiguayante”.
Sanhueza cerró su argumentación subrayando la responsabilidad de Servel en la situación: “entre las pruebas que hay y los datos duros que tiene Servel, son ellos quienes deben dar la información, se tiene que quedar la explicación, porque acá existe algo establecido por la ley”.
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