La polémica en torno al papel de Mario Vidal, jefe de conservación de la Oficina Provincial de Vialidad en Concepción, sigue generando repercusiones dentro del Ministerio de Obras Públicas. El tema gira en torno a las obras de conservación del camino rural O-678, ubicado dicha comuna de la Región del Biobío.
Dichas obras, que abarcan un tramo cercano a un kilómetro, concluyen justo en un terreno que pertenece a Vidal, donde actualmente funciona un centro de eventos. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.
La Dirección Regional de Vialidad emitió un breve comunicado de prensa, anunciando que iniciarán las investigaciones administrativas necesarias para esclarecer la situación.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, también se pronunció al respecto. “Si esto se confirma, después de las investigaciones de rigor, tanto internas como de la justicia, me parece un abuso increíble”, declaró. Añadió que, de confirmarse, sería “un abuso intolerable”, aunque recalcó que las personas involucradas tienen derecho a defenderse.
El caso del jefe de Conservación de Vialidad priorizó camino hacia su fundo en el Biobío
Cabe recordar que, tal como informó el medio SABES, la Contraloría General de la República emitió un informe crítico sobre Mario Vidal, jefe provincial de Conservación de Vialidad, por su intervención en la pavimentación del camino rural O-678, que conduce directamente a su propiedad en el sector de Puente 1, en la Provincia de Concepción. Según el informe, Vidal influyó en la decisión de mejorar esa ruta, a pesar de que las obras no estaban contempladas en el programa oficial de la Dirección de Vialidad, lo que generó sospechas de un posible conflicto de intereses.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima, y la Contraloría detectó que la Dirección de Vialidad carece de un procedimiento formal para prevenir que funcionarios con intereses en la zona intervengan en decisiones relacionadas. Por este motivo, se instruyó un sumario para investigar a fondo los hechos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. Además, se recomendó la creación de un protocolo para justificar adecuadamente la ejecución de obras fuera de los programas oficiales.
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