El alcalde de Laja, Roberto Quintana, pretende revertir el revés sufrido en la Corte de Apelaciones de Concepción, que anuló el juicio simplificado en su contra por el delito de acoso sexual, y que obliga a una nueva instancia, esta vez, por el ilícito de abuso sexual impropio.
Y es que el jefe comunal lajino recurrió a un staff de abogados capitalino, que presentó una querella por el delito de grabación de hechos de carácter privado. La acción penal apunta a la funcionaria que lo denunció.
De acuerdo a la acción legal, que fue presentada el pasado 30 de mayo en el Juzgado de Letras y Garantía de Laja, Quintana sostiene que “los días 5 y 6 de agosto de 2021, en el interior de una oficina de la Municipalidad de Laja, aproximadamente entre las 15:00 y las 17:00 horas en ambas oportunidades, esto es, fuera del horario de atención de público del municipio (08:20 a 13:40 horas)”.
La autoridad enfatiza que “la querellada procedió con su dispositivo móvil, sin mi autorización, a grabar hechos de carácter privado ocurridos en dicha oficina, consistentes en acciones y expresiones de galanteo y cortejo, realizadas por esta parte -Roberto Quintana- hacia la querellada”.
Según el texto, en este caso se reúnen todas las condiciones que estipula la ley, ya que “hay grabaciones efectuadas en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, falta de autorización del afectado, grabaciones de hechos de carácter privado y que dichos hechos se produzcan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público”.
Por lo anterior, Quintana pide una de pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 500 UTM, unos $32.983.500, para la persona que lo denunció.
Sobreseimiento
Eso sí, este intento judicial del alcalde de Laja, Roberto Quintana podría zozobrar, ya que el Ministerio Público tomó una decisión en esta causa.
Esto se debe a que el pasado 28 de junio, la fiscal de Yumbel, Gemita Rojas, decidió cerrar la investigación por esta querella y pidió audiencia para el sobreseimiento definitivo de la causa.
La decisión del Ministerio Público se basa en la misma querella, “toda vez que en primer término el propio texto de la querella se declara que el hecho ocurre en lugar a lo menos de libre acceso al públicola oficina municipal “Dirección de Tránsito” tal como señala la propia querella”.
Esta decisión no gustó en la defensa de Quintana, ya que buscará mantener la causa abierta, puesto que “respecto de las diligencias investigativas solicitadas en la querella interpuesta no hubo pronunciamiento del Ministerio Público”.
El Juzgado de Letras y Garantía de Laja agendó para el 4 de septiembre la audiencia donde se definirá el futuro de esta causa.
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