La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del año 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018, e involucra a 394 personas condenadas desde 2007.
Entre los años 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la UAF.
En ese contexto, a la Fiscalía le compete, en forma exclusiva, la responsabilidad de investigar y perseguir penalmente ambos delitos, además de los ilícitos que los originan, como también de llevar a los responsables ante los Tribunales de Justicia. En tanto, la UAF tiene por misión prevenir y detectar indicios de lavado y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) e informárselos a la Fiscalía a través de Informes de Inteligencia Financiera.
Según el detalle del Ministerio Público, en los últimos 12 años se han logrado 195 sentencias definitivas ejecutoriadas: 167 condenatorias y 28 absolutorias. De las 195 ejecutoriadas, 138 se consiguieron con procedimientos abreviados, 55 con juicios orales y 2 con procedimientos simplificados.
El registro del Ministerio Público refleja, además, que en los últimos años se ha ampliado el abanico de delitos base que originan el lavado de activos. Mientras en periodos anteriores el narcotráfico concentraba casi la totalidad de las condenas, en la actualidad ha aumentado la participación del cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, la estafa, el contrabando y el tráfico ilícito de armas. De hecho, de las 195 sentencias definitivas ejecutoriadas, 114 son por tráfico de drogas, 62 por ilícitos relacionados con la corrupción, 11 por delitos económicos, 6 por contrabando, 1 por trata de personas y 1 por tráfico de armas.
«La coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la UAF, las policías y los tribunales ha permitido develar, perseguir y condenar las redes de lavado de activos. Los sujetos que cometen este tipo de ilícito están preferentemente vinculados con organizaciones criminales locales, salvo determinados casos que han tenido una veta internacional. Por ejemplo, la semana pasada, la Corte Suprema dictó un fallo que concede la extradición en un caso de lavado de dinero desde Chile hacia El Salvador», expresó Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público.
«Regionalmente, los datos expuestos son sumamente relevantes y reflejan que el Sistema Nacional Antilavado ha ido madurando y es cada vez más efectivo. Esto nos ayuda de manera importante en el proceso de Evaluación que en estos momentos está llevando adelante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones internacionales sobre prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde la última Evaluación del año 2010, el país ha dado pasos significativos en esta materia, por lo que esperamos que ello se refleje en julio de 2020, cuando concluya el proceso de Evaluación del Gafilat», explicó el director de la UAF, Javier Cruz.
UAF: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
Al 30 de noviembre de 2019, 7.423 personas naturales y jurídicas están inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF; por tanto, deben reportar operaciones sospechosas de LA/FT a este Servicio: 6.976 pertenecen al sector privado y 447 son entidades públicas.
Entre enero y noviembre de este año, la UAF ha recibido 4.407 reportes de operaciones sospechosas (29.651 ROS entre 2004 y 2019), y ha encontrado indicios de LA/FT en 500 ROS (2.968 ROS en 2004-2019). En igual lapso, la UAF ha enviado 77 Informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera a la Fiscalía (481 en 2013-2019), los que han sido vinculados a un Rol Único de Causa (RUC), dando origen a una investigación por LA/FT (o ha agregado información a una ya vigente), lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial.
De acuerdo con la Ley N°19.913, la Fiscalía puede requerir a la UAF antecedentes para las investigaciones de LA/FT que practica. Es así como, entre enero y noviembre de 2019, el Ministerio Público ha oficiado 92 consultas a la UAF (852 en 2007-2019), las que, en conjunto, involucran a 1.028 personas naturales y jurídicas investigadas por su eventual participación en operaciones de LA/FT (9.072 personas entre 2007 y 2019).
