Siguen las polémicas en relación a las pensiones fe gracia entregadas luego del estallido social, ya que contraloría revelo que algunos poseen graves condenas por diferentes delitos.
En una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República a las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas en las manifestaciones ocurridas en octubre de 2019, se han revelado preocupantes irregularidades.
El informe, titulado “Auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, destaca que de los 419 beneficiados hasta la fecha, 58 tienen antecedentes penales.
La investigación, que se llevó a cabo después de que el medio ExAnte publicara que existían personas con causas penales entre los beneficiados, detalla que se han encontrado casos alarmantes.
Entre los beneficiarios se encuentran personas con más de 10 condenas por diversos tipos penales, incluyendo delitos como estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
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La revisión de las pensiones comenzó tras la denuncia de ExAnte, revelando que el gobierno, en septiembre del año pasado, reconoció que nunca se había solicitado el análisis de antecedentes penales para este tipo de otorgamientos. Fue hasta enero de este año que el Ejecutivo confirmó que posee la facultad para revocar la medida en ciertos casos.
El informe también destaca que 19 expedientes remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos para respaldar el beneficio.
Algunos de los certificados médicos eran poco legibles, carecían de diagnóstico, tenían antecedentes contradictorios respecto al daño o tenían fechas anteriores a octubre de 2019. Estos fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora sin realizar otras gestiones para su validación.
Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la transparencia y el criterio utilizado en el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a manifestantes afectados en las protestas de octubre de 2019, generando un debate sobre la necesidad de revisar y reformar dicho procedimiento para garantizar su integridad y justicia.
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