La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como «Ley Uber», ha vuelto a captar la atención, esta vez no por las tácticas publicitarias de los actores involucrados, sino por las implicaciones laborales que podría tener en el ya debilitado mercado de trabajo chileno.
El reglamento de la Ley Nº 21.553, actualmente en proceso de toma de razón en Contraloría y con fecha tentativa de entrada en vigencia para finales de enero, ha generado preocupación entre los conductores de plataformas de transporte. Este reglamento establece requisitos como un proceso de inscripción, la antigüedad mínima de 10 años para los vehículos y una cilindrada de al menos 1,4 litros.
Además, entre los puntos más controversiales, es que 12 meses después de su implementación, los conductores deben contar con una licencia profesional.
Ley Uber: Más de 40 mil personas perderían sus ingresos
De acuerdo con diversas evaluaciones, antes de las modificaciones realizadas por el Ministerio de Transportes, la aplicación estricta de esta legislación podría haber afectado a la mitad de los conductores, es decir, alrededor de 40 mil personas, según Uber. Sin embargo, el subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, ha expresado dudas sobre estas cifras, argumentando que las estimaciones oficiales indican al menos 52 mil personas que utilizan estas aplicaciones como fuente laboral.
Según un informe del OCEC-UDP en diciembre, antes de las modificaciones gubernamentales, se estimaba que alrededor de 35.992 personas podrían verse afectadas, lo que podría aumentar la tasa de desempleo en 0,4 puntos porcentuales.
En medio del debate, queda por verse cómo se adaptarán las empresas y conductores a esta nueva regulación, que busca equilibrar la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio con el impacto en el empleo de miles de personas que dependen de estas plataformas como fuente principal o secundaria de ingresos.
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