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Tres niñas de 6, 10 y 12 años de edad, encontraron justicia por los abusos sexuales que vivieron por parte de C.H.V.C. en la comuna de Tierra Amarilla. (La identidad del sujeto no se ha entregado por el Tribunal, para proteger la identidad de las víctimas).

Este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó lo condenó a 15 años de presidio efectivo por delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años de edad.

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Según la sentencia, en fechas y horas indeterminadas durante el año 2020, C.H.V.C. llevó a una niña, en ese entonces de 6 años de edad, al sector de la ribera del río en la comuna de Tierra Amarilla, donde en reiteradas ocasiones efectuó tocaciones en sus partes íntimas.

Además, en fechas y horas indeterminadas entre los años 2018 y 2020, en el interior de un domicilio de la comuna de Tierra Amarilla, el imputado en reiteradas oportunidades realizó tocaciones a otra niña, de entre 10 y 12 años de edad en ese entonces.

Finalmente, en fechas y horas indeterminadas durante el año 2017, en el interior del mismo domicilio de la comuna de Tierra Amarilla, C.H.V.C. en reiteradas oportunidades efectuó tocaciones en zonas íntimas a una tercera víctima, de entre 12 y 13 años de edad en aquella época.

La condena de 15 años de presidio efectivo, aunque para algunos pueda parecer poco, es una señal clara de que los abusos sexuales a menores de edad no serán tolerados y que se castigará a los responsables.

Abuso reiterado a tres niñas: Las sanciones del Tribunal

Además de la condena de 15 años de presidio efectivo, el tribunal impuso al condenado una serie de sanciones adicionales. Entre ellas, se encuentra la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, la pena de interdicción al derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

La sentencia busca hacer justicia a las víctimas y prevenir futuros delitos similares, protegiendo a los menores de edad y castigando a quienes cometen estos delitos atroces.

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