Sólo con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y con posibilidad de transitar libremente por las calles en el marco del Caso Led. Así se encuentra el ex alcalde de Negrete, Francisco Javier Melo Márquez.
Recordemos que la ex autoridad fue dejada en prisión preventiva en la Cárcel el Manzano, tras el operativo de la PDI que logró su captura por este caso. Sin embargo, tras diversas apelaciones y su renuncia al cargo, logró cambiar su cautelar en enero de este año a arresto domiciliario total.
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Francisco Melo, se encuentra en calidad de imputado por los delitos de cohecho y violación de secreto. Esto, en uno de los escándalos de corrupción más grande de la historia de las municipalidades de Chile.
Sin mayores difusiones mediáticas – como si fue su detención y posterior audiencia – el pasado 13 de octubre, el Tribunal cambió la medida cautelar y lo dejaron sólo con arresto domiciliario nocturno.
Esa misma jornada, el Tribunal de Nacimiento, se declaró incompetente frente a la investigación. Por lo anterior, la causa fue enviada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esto significa para el organismo, que los hechos que dan ocasión al delito ocurrieron fuera del territorio sobre el cual el tribunal ejerce su jurisdicción. En este caso, al haber tantos municipios involucrados, se centralizó la investigación en la región metropolitana.
Cabe indicar que el pasado 4 de noviembre, se decretaron las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional en contra de dos ex concejales de Iquique. La cción involucró además a dos ex funcionarios municipales y dos particulares de la comuna. Lo anterior, por encontrarse imputados por los delitos de cohecho reiterado, soborno y fraude al fisco.
Caso LED: una investigación sobre soborno, cohecho, fraude al fisco y facturas falsas
Según el Ministerio Público, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, decidieron como política de la empresa ofrecer sobornos a funcionarios públicos. Esto, con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país.
Se acordó en particular pagar sobornos a través de operadores locales. Para ello, los montos de estas coimas fluctuaría entre el 5% y el 10% del valor de las licitaciones de corto plazo. Pero además, habría un monto adicional que fluctuaría entre los 5 mil y 20 mil pesos por luminaria instalada en las licitaciones a largo plazo. A partir de este esquema, surgió la necesidad de generar dinero en efectivo para la realización de los pagos irregulares.
Servicios no prestados
De acuerdo a la investigación fiscal, desde 2017, la generación de efectivo se realizó a través de la empresa; sin embargo a partir de 2018, el dueño y gerente de la empresa Itelecom Holding Chile SpA, Marcelo Lefort Hernández, estableció como otra forma de generar efectivo la utilización de facturas ideológicamente falsas. Lo anterior, por medio de servicios no prestados por empresas. Entre ellas se encontraba GLH Ingeniería y Consultorías Spa, cuyo dueño es el también imputado George Latrille Hucke.
De este modo, los imputados Lefort y Latrille a sabiendas que el dinero iba destinado a sobornos a funcionarios públicos, se concertaron para elaborar una operatoria de generación de dinero efectivo consistente en transferencias que se realizaban desde una de las empresas del grupo Itelecom a la empresa GLH por el pago de servicios no prestados y la emisión de facturas ideológicamente falsas. A través de esta operación liquidaban el dinero efectivo que era entregado por el imputado Latrille regularmente al imputado Bustos Abarzúa y, en algunas ocasiones, a Lefort Hernández.
En dicho contexto, Lefort Hernández contactó, además, en el 1º semestre de 2019 a Marcelo Campos Henríquez, juez de Policía Local de Pemuco. En ese contacto, le ofreció dinero y, por su intermedio, a Ricardo Vallejos Palacios. Este hombre era clave, ya que era el administrador de la Municipalidad de Chillán. Por lo tanto, con estos individuos, podría favorecer a su empresa en proceso de licitación. Para esto, Campos sostuvo reuniones con los ejecutivos de la empresa, Lefort Hernández y Pedro Guerra Guerrero. Estas, posteriormente, se tradujeron en la adjudicación irregular de la licitación de recambio de luminarias públicas de la ciudad de Chillán, a la empresa Itelecom por un monto de $3.200.000.000 (tres mil doscientos millones de pesos).
Tras destaparse este escándalo, se comprobó que la empresa había realizado acciones similares en Chillán, Iquique, Negrete y Recoleta, además de estar en el ojo más de una decena de municipios.
