En un hecho sin precedentes, empresas de Los Ángeles del rubro forestal fueron imputadas por adquirir madera sustraída desde fundos de Forestal Mininco, donde solo una de las empresas decidió no colaborar con la justicia.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito forestal, al formalizar por primera vez en Chile a personas jurídicas por el delito de receptación. En total, siete empresas del rubro maderero fueron imputadas por adquirir madera robada durante 2022. Esto, en el contexto de una investigación liderada por el fiscal Enrique Vásquez y desarrollada junto al OS-9 de Carabineros.
Las empresas formalizadas son Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda. Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA). Según el Ministerio Público, estas compañías compraron madera sustraída desde predios ubicados en las comunas de Galvarino y Collipulli, pertenecientes a Forestal Mininco.
Los autores materiales del robo fueron identificados como Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, líderes de una organización criminal ya condenada a cinco años de presidio por los delitos de hurto y asociación ilícita. Luego de que se diera a conocer la investigación realizada por el personal especializado de la policía en conjunto con el Ministerio Público.
“El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no sólo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal a cargo Enrique Vásquez.
Proceso en Los Ángeles y La Araucanía
El persecutor agregó que la investigación logró identificar a un total de diez empresas involucradas, de las cuales siete ya fueron formalizadas y otras tres lo serán próximamente. En cada caso, también fue imputada la persona natural que actuó en representación de la empresa al momento de concretar la compra.
“Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, subrayó Vásquez. Enfocándose que se espera la apertura de las puertas a investigaciones futuras en este delito que se ha vuelto común en la zona.
Como parte del proceso judicial, seis de las siete empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento. Comprometiéndose a realizar aportes que, en conjunto, superan los 80 millones de pesos. Estos fondos serán destinados a escuelas rurales de Galvarino, en beneficio directo de niños, niñas y adolescentes del sector.
Una no acogió la salida alternativa
No obstante, la empresa PROMASA decidió no acogerse a esta salida alternativa. Según la investigación, dicha compañía habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera robada, por un monto superior a los 144 millones de pesos.
“Esperamos presentar acusación en su contra. La investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió directamente la madera sustraída y también en relación con la empresa que no tomó las precauciones necesarias para evitar incurrir en un delito”, concluyó el fiscal Vásquez.
Este caso marca un antes y un después en la forma en que el Estado aborda el delito de robo de madera en Biobío y La Araucanía. Con la finalidad de poder buscar no solo sancionar a quienes ejecutan el delito. Sino también a quienes lo financian indirectamente al adquirir productos de origen ilícito.
Revisa más noticias nacionales y la contingencia de Los Ángeles, Región del Biobío, en El Contraste. Síguenos también a través de Facebook para mantenerte al tanto de lo que está pasando
