Contexto | Agencia UNO

Un reconocido martillero en la comuna de Yumbel sigue dando noticias, luego que durante esta semana se realizara la reformalización, junto a otros dos personas, por un millonario fraude que afectó a varias personas y que, lamentablemente, el poder recuperar su dinero cada vez se hace más difícil.

Todo comenzó el año 2023, cuando empezó a darse a conocer varias denuncias en diferentes partes de Chile, en contra del martillero yumbe lino Edison Cid Chavarría. Esto, debido a que una docena de personas pagaron para que el funcionario realizara remates y que, según él, podía hacerlos de forma directa con los posibles interesados.

Pero finalmente no todo fue bueno para los clientes, ya que se trataba literalmente de un fraude el cual, a la fecha, llegaba a los $800 millones de pesos. Donde incluso, la esposa del imputado y otro funcionario de la notaría que funcionaba, habría actuado como cómplice en este proceso de estafa.

El caso del martillero de Yumbel

De esta manera, el año pasado, luego de las denuncias, fue detenido el martillero y formalizado por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía de Yumbel. Y que esta semana, específicamente el pasado martes, se efectuó una nueva audiencia pero de reformalización por nuevos cargos de estafa y, con esto, el número de víctimas. Donde el acusado podría arriesgar hasta 10 años de presidio por diversos delitos.

En este caso, una de las primeras víctimas y quien comenzó con la denuncia por este caso. Quien argumentó que le había pagado a Edison Cid $117 millones de pesos para comprar un departamento, un vehículo y una maquinaria. Pero que, lamentablemente, esto no se concretó y el dinero de la afectada nunca fue devuelto. Con esto, poco a poco se sumaron otros afectados.

Con esta nueva formalización, el Ministerio Público formuló nuevos cargos contra la esposa del martillero, Tania Aravena, y el funcionario de una notaría de Concepción. Quienes fueron cómplices directos en esto, donde los implicados fueron entregados por los estafados.

Cabe señalar que, desde abril del 2024, cuando fue formalizado en primera instancia, se mantiene con la medida de prisión preventiva. Esta determinación fue a causa del peligro para la sociedad en que el imputado permaneciera con libertad en la zona.

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